La junta militar de Birmania ejecutó a cuatro personas, incluido un legislador prodemocracia depuesto y un destacado activista, en su primer uso de la pena de muerte en más de tres décadas en el país de Asia, informaron este lunes los medios estatales.
Entre ellos estaban Kyaw Min Yu, también conocido como ‘Jimmy’, líder del grupo activista que se opuso al exdictador Ne Win, y Phyo Zeya Thaw, un legislador civil derrocado en el golpe de estado del año pasado. Un tribunal militar los acusó de traición y terrorismo este año y los ejecutaron por llevar a cabo «actos de terror brutales e inhumanos, como el asesinato de muchas personas inocentes», según The Global New Light of Myanmar.
Las ejecuciones son las primeras que se llevan a cabo en la nación mayoritariamente budista del sudeste asiático desde 1988 y siguen a unos 2.000 asesinatos extrajudiciales de civiles por parte de las fuerzas militares en menos de 18 meses, según estimaciones del mes pasado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.
Más del 70% de los países del mundo «han abolido la pena capital en la ley o en la práctica», según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte con sede en Estados Unidos. Washington, que lideró la respuesta internacional contra la junta desde el golpe al emitir sanciones contra personas y entidades vinculadas al ejército de Birmania, condenó las ejecuciones, informó Bloomberg.
«La decisión anunciada por la junta de ejecutar a los activistas ilustra cómo el ejército busca utilizar todos los aparatos del Estado para perseguir a aquellos que se oponen a su intento de devolver a Birmania un gobierno militar autoritario», manifestaron expertos de la ONU sobre el tema el mes pasado.
«La junta militar ilegítima está brindando a la comunidad internacional más evidencia de su desprecio por los derechos humanos», agregaron. La líder civil depuesta de Birmania, Aung San Suu Kyi, fue trasladada el mes pasado a confinamiento solitario dentro de un complejo penitenciario después de que un tribunal especial la sentenciara en abril a cinco años de prisión por el primero de varios cargos de corrupción formulados contra ella.
