CATAMARCA-. (Por Juan Carlos Andrada) El panorama es complicado y los ministros no ayudan. A Fabiola Segura, flamante ministra de Seguridad del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, le estallan problemas en la cara y no reacciona. La abogada que parece totalmente desconectada de la realidad llegó por amistad con la diputada nacional y esposa del Gobernador, Silvana Ginocchio. Lujo que la administración provincial peronista se da en plena crisis del Gobierno nacional y cuyo denominador común es la enajenación.
Médicos de la Policía con licencia por estrés por pésimas condiciones laborales, malestar policial por falta de elementos, un efectivo que murió por falta de atención médica, cadetes sin estado policial en la calle y sin cobrar, bomberos sin elementos, no se repuso la morguera, con una marcha social pidiendo seguridad y el Penal de Miraflores de escándalo en escándalo por los privilegios que el Director le otorga a los estafadores del tema financieras, por nombrar solo algunos focos de incendio del ministerio de Seguridad de la provincia.
Situación difícil la de la policía. Los efectivos, junto con el personal de la salud que hasta no hace mucho tiempo eran los “héroes de la pandemia”, no consiguen que las autoridades los atiendan y resuelvan sus demandas. La recurrente estrategia de dilatar y dilatar colma la paciencia de los trabajadores que no logran comprender la desatinada indiferencia oficial para atender con responsabilidad los servicios básicos e ineludibles del Gobierno provincial.
En el caso de Seguridad parece que primó más bien la relación política y no la idoneidad e experiencia a la hora de nombrar a la nueva ministra. La versión es que Fabiola fue puesta por la diputada nacional Silvana Ginocchio, esposa del gobernador, Raúl Jaiil. La mujer es abogada, y trabajó en el área, pero aparece totalmente desconectada de la realidad y sin capacidad para atender tantos frentes abiertos.
Párrafo aparte para el tema de la Escuela de Cadetes. Los aspirantes reciben una beca que no se están cobrando que arrastra un atraso de un año. Asimismo se los está sacando a la calle, explotándolos, sin el estado policial correspondiente. Una suerte de “negreada” de la administración Jalil con la correspondiente preocupación y angustia de los padres de los aspirantes a agentes que traducen la necesidad del gobierno provincial como una explotación a los jóvenes.
