JUJUY.- Una comisión, integrada por funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, diputados y dirigentes de distintas extracciones políticas y organizaciones de DDHH, investigó los 16 allanamientos a dirigentes y sedes de movimientos sociales que trabajan en la provincia de Jujuy, gobernada por Gerardo Morales.
Tras un minucioso análisis concluyeron que cuentan con elementos suficientes para elevar una denuncia ante Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, apuntaron directamente contra el Poder Ejecutivo contra la Justicia provincial. Aseguraron que se «adoptaron medidas dictatoriales» que tenían como único fin amedrentar a los dirigentes locales.
Para contextualizar, recordemos que el 6 de julio, un día después de que en la Ciudad de Buenos Aires se allanaran las casas de media docena de dirigentes, en la provincia de Jujuy, se realizaron 16 operativos simultáneos en los domicilios de los referentes de organizaciones sociales. La policía se llevó documentación y dispositivos digitales. Según señalaron, servirían como prueba en una causa que investiga los delitos de extorsión y asociación ilícita.
La medida fue ordenada por el fiscal Diego Funes. Se trata del mismo que a principio de año elevó a juicio oral una causa contra Milagro Sala por “fraude en perjuicio a la administración pública”. Por lo que la comisión sostuvo que hay un encono judicial contra las organizaciones sociales.
«Cuando veía lo que pasaba en esta provincia no podía dejar de entender los hechos como actitudes dictatoriales por parte del gobernador, Gerardo Morales. La idea nuestra es hablar con mucho respeto con las organizaciones sociales de Jujuy y las víctimas de los allanamientos, situación que la podemos dejar pasar y para que sepa Morales que vamos a luchar hasta que termine esta represión y persecución», sostuvo Pablo Pimentel, titular de la APDH La Matanza.
Por su parte el abogado, especializado en Derechos Humanos, Sergio Job, hizo una grave denuncia. Luego de analizar en detalle la causa, señaló que en la provincia norteña operan, apañados por el Estado, «sectores policiales y parapoliciales aliados con la voluntad de Morales y el Poder Judicial». Además insistió con el pedido de intervención federal al Poder Judicial de Jujuy. «Entendemos que hay sobrados elementos para que se intervenga y a medida que van aumentando los casos se conocen otras causas como desalojos y detenciones ilegales», concluyó.
