La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, denunció penalmente al Procurador General provincial, Julio Conte Grand. Lo acusó supuestamente de «encubrir» a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires que habrían cometido hechos de corrupción relacionados al Astillero Río Santiago.
En la presentación, a la que accedió Télam, también pidió que se investigue a otras seis personas. Es sobre la posible comisión de los delitos de «malversación de fondos y fraude en perjuicio de la administración pública por USD 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas». También fueron denunciados otros funcionarios, como Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins, entre otros.
«La denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal», dijo González. Y también los señaló por «exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita».
Lugar de los hechos
En su denuncia, dijo que esos hechos «se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales». Según ella, afirmó evidencia en «la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General».
Para la diputada, durante la gestión macrista se conformó «un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión».
Además, asevera que el fiscal a cargo de esa causa, «decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos». Se consideró esta decisión «un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Río Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares».
¿Dónde quedó radicada la denuncia?
La denuncia se radicó n el Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. González indicó que «la denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal».
Motivación para denunciar a Julio Conte Grand
González indicó que «se toparon con su propia torpeza». La pericia contra Julio Conte Grand «demuestra que malversaron U$S 95 millones que estaban destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas». La diputada aporta el informe técnico de la Prefectura Naval y el de los contadores en la visita al Astillero Río Santiago, realizada el 8 de febrero de 2019.
