En el barrio Pacará, a sólo 15 cuadras de la plaza principal de Santiago del Estero, las aguas servidas son una constante en las calles. Contrasta con la provisión de agua potable que casi no tiene presión. De hecho varias de las casas del barrio apenas tienen una o dos canillas. La miseria abyecta en la que vive la gente solo contrasta con la del barrio que tiene en frente. Cruzando el popular río Misky Mayu o Dulce, hay una villa de emergencia homónima.
En ese barrio la mayoría de los jóvenes, privados de oportunidades laborales y educativas se han volcado a la venta y consumo de drogas. Todo el mundo lo sabe y lo calla. La marginalidad convirtió al asentamiento Río Dulce en una suerte de zona liberada para la comercialización de sustancias de todo tipo y para esconder desde ratero de poca monta hasta peligrosos delincuentes. La policía, salvo en casos excepcionales, jamás patrulla la zona.
Entre esos dos barrios, como una burla a la pobreza y a la falta de oportunidades, se yergue, imponente, el Estadio Madre de Ciudades, un monstruo innecesario que costó más de 3.000 millones de pesos, según la investigación de la ONG Ruido. Además de numerosos gastos que salieron a través de resoluciones ministeriales y nunca fueron publicados. Al coloso santiagueño parece no importarle que casi el 60% de los niños santiagueños, según el Indec, estén bajo la línea de la pobreza. Eso que el Indec opera en la provincia sólo recibiendo información del gobierno local. Por lo que se estima la pobreza podría ser mucho peor que las cifras oficiales.
Allí jugaron Los Pumas, allí se jugaron partidos de la Selección Argentina de fútbol. Pero, mayormente, permanece vacío o lo usan para jugar equipos locales que lejos están de colmar su capacidad. Hablando de capacidad, pese al millonario gasto de la provincia, en el Estadio entran menos personas que en el de Atlético Tucumán, ubicado a menos de 170 kilómetros de distancia y que sólo es utilizado por un equipo, se llena cada 15 días y no se paga con dinero de los impuestos.
Esta grosería arquitectónica empapada de sospechas de corrupción y sobreprecios, es validada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) cada vez que lleva al equipo nacional a jugar allí, también por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) permitiéndole a la Selección Nacional, y a otros conjuntos afiliados, disputar encuentros en el campo de juego ubicado en una de las zonas más pobres y marginales del país.
El feudo de Gerardo Zamora
Santiago del Estero es una provincia feudal, históricamente feudal, se separó de Tucumán por iniciativa de las familias acaudaladas y favoreció la posición unitaria porteña que decían combatir. Desde aquel momento, hasta ahora, siempre tomaron decisiones que redundaron en más pobreza para la gente y más poder para la oligarquía política y económica local. Durante medio siglo fueron gobernados, con mano dura, por el caudillo Carlos Juárez, el primer político en declararse kirchnerista, y por su concubina Mercedes Aragonés, conocida como Nina Juárez.
Cuando cayó el matrimonio Juárez los santiagueños parecían estar listos para abandonar el histórico caudillismo que los habían hundido en la pobreza. Pero apareció Gerardo Zamora y su pareja Claudia Abdala. En el 2005 el matrimonio asumió el poder pese a su pasado radical se ocultaron tras el ala del kirchnerismo y desde entonces gobiernan la provincia con mano dura y sometiendo a través de planes sociales y empleo estatal precario a la mayoría de los santiagueños.
La provincia de Zamora se caracteriza por ahogar y encarcelar a los opositores al gobernador con causas penales poco claras. No existe la prensa opositora, el último que se atrevió a desafiar al mandatario fue el diario Última Hora, que fue allanado dos veces y terminó cerrando, ahogado por los problemas económicos y las persecuciones políticas.
La provincia depende del empleo estatal. Gerardo Zamora afirma que sólo el 55% de la masa de trabajadores es empleado por el Estado. Una verdad a medias, el mandatario se refiere a los empleados de planta, además tiene gente trabajando con contratos de locación de servicios y planes provinciales, es decir, empleados estatales en negro. Sin contar los empleados de los municipios y aquellos que reciben planes sociales nacionales, contabilizando todo eso la dependencia estatal supera el 80%.
