En la misma jornada que se reinició el juicio por la Obra Pública contra Cristina Kirchner, surgieron novedades en torno a una causa contra Mauricio Macri. Se trata del expediente que investiga al expresidente por supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Si bien Macri fue sobreseído de la misma semanas atrás, el fiscal general José Luis Agüero Iturbe reclamó este lunes que se anule el fallo de la Cámara Federal porteña, tras calificar esa resolución como arbitraria.
“Contrariamente a lo señalado por los señores Jueces, y como lo he sostenido en reiteradas oportunidades ante una denuncia de trascendencia institucional, que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, los jueces no pueden arbitrariamente cerrarla”, sostuvo el fiscal en su dictamen, según Télam. De esta manera, Agüero Iturbe se mostró en disidencia con los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La objeción del fiscal
Para el fiscal, la Cámara Federal de Casación Penal debe anular el fallo del Tribunal de Apelaciones. En tanto, Macri, procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, debería volver a indagatoria a Comodoro Py dado que, a su criterio, el procesamiento excedía aquello que se le había imputado, sostuvo Agüero Iturbe. Achacó a los camaristas de no haber analizado debidamente el avasallamiento de derechos sobre las víctimas del supuesto espionaje ilegal.
Llorens, Bruglia y Bertuzzi sostuvieron en su fallo del pasado 15 de julio que las maniobras investigadas como espionaje ilegal eran, en realidad, tareas de inteligencia habilitadas en el afán de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri. “Los señores magistrados corren el eje de la discusión y de la investigación”, objetó el fiscal en su presentación.
Al mismo tiempo, remarcó que omitieron “considerar que ciudadanos comunes y corrientes […] no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse”. Sino que, por el contrario, “se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos”.
“Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”, enfatizó Agüero Iturbe. En ese sentido, agregó: “Repugna al sentido más básico de justicia que se considere que ‘los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales’”.
El representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que “en ningún momento” las víctimas hicieron referencia alguna “ni si quiera de modo potencial acción alguna o exteriorización de pensamiento que ponga en peligro la seguridad del máximo mandatario de la república”. “A no ser que la intención de acercarle una carta a quien nos gobierna a todos los argentinos sea considerada un atentado magnicida, consideración -creo y espero- que ninguno estamos dispuesto a sostener”, ironizó.
La causa contra Mauricio Macri
En esta causa se investiga la presunta obtención de información y producción de inteligencia ilegal sobre los familiares y allegados de las víctimas del Submarino ARA San Juan y los buques “El Repunte” y “El Rigel”. Las actividades de inteligencia habrían tenido la particular finalidad de influir en la situación política e institucional del país, puntualmente en los reclamos que realizaban los allegados a quienes perdieron sus vidas en las embarcaciones mencionadas.
En diciembre pasado, el juez federal de Dolores, Bava, por entonces a cargo de la investigación, consideró que las acciones supuestamente cometidas –de obtención de información y producción de inteligencia– buscaban en definitiva influir en la situación política e institucional del país, y en especial en la opinión pública y la gestión política del gobierno de ese momento.
En primera instancia, Macri había sido procesado al igual que los jefes que él designó en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y un grupo de ocho funcionarios y agentes de la base AFI de Mar del Plata. A todos ellos, la Cámara Federal porteña los absolvió el pasado 15 de julio, tras considerar que el delito por parte de la administración de Cambiemos no existió.