Este martes se retomaron los alegatos del juicio de la Causa Vialidad. En este marco, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola aseguraron que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner tuvieron un “interés financiero y personal” en beneficiar al empresario Lázaro Báez. Cabe recordar que la acusación contra la actual vicemandataria es por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en favor de Báez.
Se trató de la séptima audiencia de alegato acusador, en el marco del debate oral y público que encabeza el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uruburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron con la idea de que las obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez fueron a través de licitaciones simuladas.
Asimismo, señalaron que al empresario lo favorecieron por el vínculo personal que supuestamente tenía con los expresidentes. “Los 51 procedimientos licitatorios que hemos estudiado fueron direccionados. No fueron verdaderas licitaciones, sino simuladas”, remarcaron. Y lanzaron: “Un empleado bancario en tres años se convirtió en el contratista más importantes de Santa Cruz” y “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Lázaro Báez era Cristina Kirchner”.
Luciani también enfatizó en lo que calificó como “vínculos comerciales” entre empresas de Báez y firmas relacionadas con la entonces familia presidencial. Como ejemplo, mencionó que Valle Mitre, de los Báez, “fue designada (en 2008) como administradora de tres de los cuatro hoteles de la exfamilia presidencial”. Ante ello, el fiscal acusó a Néstor y a Cristina de “manejar durante 12 años de manera discrecional los fondos públicos” para favorecer a Báez con “contratos viales de manera ilegal e irregular”.
“Mala praxis histórica”
Hacia el final de la audiencia, Luciani volvió sobre los mensajes extraídos del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas José López, condenado por enriquecimiento ilícito, en los que habla con empresarios y con otros funcionarios públicos en lo que se refiere a obras públicas y licitaciones en Santa Cruz. El fiscal también había considerado que el control de la obra pública santacruceña es un caso de “mala praxis histórica”.
Al respecto, Luciani aseguró ante el tribunal que “contrariamente a lo afirmado por Cristina Fernández de Kirchner, las obras públicas no fueron resorte exclusivo del Poder Legislativo entre los años 2004 y 2015; muy por el contrario, el Poder Ejecutivo concentró y monopolizó gran parte de las decisiones vinculadas a esta relevante actividad pública y llego al punto de vulnerar algunas normas”.
