El Gobierno nacional denunció en las últimas horas una “guerra jurídica” contra Cristina Kirchner. Lo hizo a través de un comunicado publicado por la Secretaría de Derechos Humanos (DD.HH.) a cargo de Horacio Pietragalla, dependiente del Ministerio de Justicia conducido por Martín Soria. El pronunciamiento se dio tras la primera jornada de alegatos contra la vicepresidenta en el juicio por la Obra Pública, causa también denominada “Vialidad”.
El escrito oficial de la Secretaría de DD.HH. de la Nación advierte que el “lawfare” contra Cristina Kirchner constituye una práctica que condiciona los procesos electorales. Al mismo tiempo, “avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas”, remarcó dicha área, entendiendo en este sentido que se desconocen garantías fundamentales del Estado de derecho.
El despacho de la Secretaría de DD.HH.
“Desde el inicio de la nueva gestión, en diciembre de 2019, la Secretaría de Derechos Humanos viene advirtiendo que el lawfare o ‘guerra jurídica’ constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, remarcó el organismo, y recordó que “tiene la responsabilidad de investigar” los actos en los cuales “las autoridades estatales pueden ser responsables de vulnerar derechos”.
Al respecto, advirtió que el lawfare lo impulsan “sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático”. “El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar”, señaló DD.HH., y agregó que esta práctica también “habilita el diseño e implementación de políticas públicas con un claro sesgo regresivo en materia de derechos humanos”.
“En estas causas judiciales, como las que enfrenta la expresidenta, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal”, objetó la Secretaría.
Asimismo, hizo un llamamiento “a favor de la independencia judicial y la democracia” y lamentó “profundamente que esta situación la avale la Corte Suprema de Justicia que, como máxima autoridad de un poder del Estado, debería intervenir para restablecer la legitimidad del servicio de Justicia”. La Secretaría aseveró que dialogarán con organismos internacionales “para que realicen un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares”.
Segunda jornada de alegatos contra Cristina Kirchner
Al retomar este martes su alegato en el juicio que se sigue a la vicepresidenta y otros 12 imputados, el fiscal federal Diego Luciani sostuvo que en la provincia de Santa Cruz hubo un “direccionamiento grosero inadmisible” a favor de empresas de Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública vial nacional entre 2003 y 2015. Además de Cristina, son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y exfuncionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros.
