Desde el 6 de junio que en Argentina se vive una situación muy particular sobre el avión venezolano que retuvo la justicia. En el mismo viajaban 19 tripulantes, algunos iraníes y otros de Venezuela a pesar de que se trate de una aeronave de carga. Además, venían con denuncias por posibles ataques terroristas y la policía portuaria decidió detenerlos e iniciar una investigación en conjunto con Estados Unidos.
El Departamento de Justicia norteamericano envió un pedido al país tras la decisión de un tribunal del distrito de Columbia para incautar el avión. Luego de una semana, la fiscal Cecilia Incardona y el juez Federico Villena han decidido aceptar el pedido y ahora la aeronave permanecerá en manos de la justica luego que Nicolás Maduro, presidente venezolano, haya cuestionado la decisión de la justicia en los últimos días.
Mientas en Argentina investigan posibles ataques terroristas de parte de los tripulantes del avión, en Estados Unidos advierten que han infringido las leyes de control de exportaciones y que al ser una causa en conjunto e internacional también pueden acceder a los expedientes. Esto es lo que aprobó el juez que autorizó a 12 de los pasajeros a regresar a sus países de origen.
El pedido de Estados Unidos
Desde Estados Unidos informan que la aeronave fue fabricada allí y que presentó irregularidades en su transferencia. En principio el avión era propiedad de Mahan Air, una aerolínea iraní que está vinculada al Hezbolla y a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), sobre la cual tiene vínculos el piloto Gholamreza Ghasemi.
Para el juez de Columba, Mahan Air no cumplió las leyes de control de exportaciones cuando transfirió el Boing 747 a Emtrasur, aerolínea venezolana de carga, sin la autorización de la Casa Blanca. A raíz de ello, han pedido incautar el avión además de que en 2011 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancionó por haber brindado apoyo material a la fuerza islámica del Irán según informó NA.
