El fiscal federal Diego Luciani involucró a Máximo Kirchner en la acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015. En el marco de los alegatos del juicio de la “Causa Vialidad”, Luciani reconoció que por entonces el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner “no tenía ningún cargo público”. Ante ello, el fiscal mostró pruebas contundentes contra el actual diputado nacional por el Frente de Todos.
Las pruebas del fiscal contra Máximo Kirchner
Se trata de una serie de mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José López (el de los bolsos) que consignaban un interés de Máximo en una obra de construcción de 100 calles. Los diálogos eran entre López y el exdiputado santacruceño Marías Bezi, amigo personal de Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala, otro de los imputados en la causa.
En uno de esos diálogos, López le hace saber a Bezi sobre el avance de distintas obras en Santa Cruz y Fatala afirmó que Máximo Kirchner “recorría las obras y pedía información sobre ellas”. No aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, no obstante lo cual para el fiscal “es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz”.
“Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha confianza, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones”, embistió el fiscal. La afirmación pareció anticipar que Luciani pedirá que se investigue al diputado Kirchner por una supuesta “coordinación” con el resto de los imputados.
“La orden de realizar esta licitación y el apuro por las cien cuadras emanaban de los más altos cargos del Poder Ejecutivo y en esta obra aparecen como intermediarios el hijo de la Presidenta y José López”, aseveró el fiscal. La licitación en cuestión, según Luciani, fue por “25 millones de dólares para hacer cien cuadras” y la obra fue adjudicada a la empresa Kank y Costilla, que dijo que estaba bajo control de Lázaro Báez.
Lo que dejó una nueva jornada de alegatos
Luciani abrió la tercera jornada del alegato en la causa por la obra pública analizando una por una las circunstancias en que fueron adjudicados cada uno de los contratos. El punto partida fue cotejar las empresas que ofertaron para cada llamado a licitación para concluir que firmas del Grupo Austral, propiedad del imputado Báez, competían entre sí y contaban con la colaboración de otras que no le pertenecían para “simular la legalidad de la licitación”.
No obstante, no precisó si, por la conformación de los pliegos de las licitaciones, otras empresas que hubieran deseado competir quedaron marginadas de pujar por quedarse con las obras. Si bien habló de “direccionamiento” de las licitaciones para favorecer a Báez, omitió explicar qué empresas habrían resultado perjudicadas por esos supuestos manejos ilegales.
El fiscal insistió en calificar como “ficción” a cada proceso de licitación e hizo hincapié en los tiempos cortos para las adjudicaciones de las obras y la falta de controles sobre el cumplimiento de la ejecución. En ese sentido, destacó que ninguna de las obras asignadas al Grupo Austral cumplió con los plazos fijados originalmente.
“Uno puede entender que una obra pública tenga demoras o prórrogas por determinadas cuestiones, pero si ninguna de las obras cumple con los plazos eso demuestra la incapacidad de Austral Construcciones para desarrollar esas tareas”, enfatizó. Luciani anunció que volverá sobre la supuesta “incapacidad” de las empresas del Grupo Báez en la próxima audiencia, que será la cuarta de las nueve previstas para la acusación.
También aludió a los montos de “anticipos financieros” que fueron recibiendo las empresas de Báez en distintos tramos de la ejecución de las obras que le fueron adjudicadas. “No podemos creer cómo pasaron inadvertidos semejantes actos de corrupción”, insistió Luciani. El fiscal cerró de esta manera una semana en la que apuntó directamente contra la familia Kirchner. Primero fue Cristina, segundo Máximo. Y la semana que viene, continuará el proceso.
