La Corte Suprema de Justicia pidió reforzar la seguridad de los jueces que juzgan a Cristina Kirchner POLÍTICA El Intransigente

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La Corte Suprema de Justicia pidió reforzar la seguridad de los jueces que juzgan a Cristina Kirchner

Desde la Corte Suprema de Justicia pidieron reforzar la seguridad de los jueces de la Causa Vialidad.

Ante la repercusión que tuvo el pedido de condena a 12 años de prisión para Cristina Kirchner, la Corte Suprema de Justicia instó a reforzar la seguridad de los jueces que se encargan de la Causa Vialidad. Esto fue solicitado por el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, a la Cámara Federal de Casación Penal frente a los pedidos de «escrachar» a los magistrados.

Se trata de los jueces del tribunal oral federal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Cabe recordar que el fiscal Diego Luciani ya había tenido un refuerzo en su custodia luego de la difusión de imágenes suyas jugando un partido de futbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri, y ahora ampliarán el personal.

Cabe señalar que se encuentran custodiados desde 2015, días después de la muerte del fiscal Alberto Nisman a horas de su denuncia en el Congreso de la Nación contra la expresidente. Sin embargo, ahora la preocupación de la Corte Suprema está en que ante la repercusión del caso y las masivas movilizaciones agredan a los jueces según informó LN+.

¿Cómo surgió?

Este pedido de la Corte Suprema de Justicia nace a raíz de la publicación del usuario de Twitter @kike_MPD que invitó a La Cámpora a presionar a los jueces: “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelorron [sic] de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”, escribieron desde la cuenta mientras arrobaban a la organización oficialista.

Ese mensaje es la continuación de la publicación de Cristina Kirchner del pasado lunes 22 de agosto en contra del Poder Judicial. «Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días en mayo de 2019.

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