Con el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner, la Causa Vialidad generó un giro inesperado. Las fuerzas del Frente de Todos parecen realinearse y suspenden sus diferencias, mientras Juntos por el Cambio busca reordenarse. Pero en el fondo, silenciosamente, el ministro de Economía, Sergio Massa, aprovecha que la vicepresidenta capta toda la atención y utiliza las garantías de ser la nueva incorporación para moverse con libertades.
En paralelo, Massa ya dio sus primeras puntadas en la delimitación de un plan económico que lo posicione para 2023. Su objetivo es alcanzar el orden fiscal y cumplir con la meta que se pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el 2022 de 2,5% de déficit. Dicho orden toma materialidad en el congelamiento del personal estatal, la delimitación del Presupuesto 2022 como techo para gastos, y la decisión de “reasignar” partidas presupuestarias no ejecutadas a la fecha.
En respaldo a esa premisa que defienden desde el Palacio de Hacienda, llegaron las primeras acciones. A mitad de semana se publicó la Decisión Administrativa 826/2022 que revela la reducción en las partidas de gastos en diferentes ministerios que redondean un total de S 210.000 millones, con el objetivo de ahorrar el equivalente al 3,1% del déficit fiscal total de 2022.
Los recortes pasaron con poca trascendencia, pero alcanzaron a varias carteras ministeriales. Entre ellas al área de Desarrollo Productivo ($70.000 millones); de Desarrollo Territorial y Hábitat ($50.000 millones); de Educación (50.000 millones); de Obras Públicas ($20.000 millones), y de Transporte ($10.000 millones) y Salud ($10.000 millones). Desde Casa Rosada perciben cada acción del ministro, pero aseguran que aún cuenta con la garantía otorgada por el desembarco en el Gabinete.
“El juicio contra la vicepresidenta no afecta el plan económico de Massa. Es más, el fiscal (Diego Luciani) trabaja para Sergio porque todo esto pasó desapercibido”, ironizó un funcionario del entorno del presidente Alberto Fernández en referencia a la poca visibilidad que tuvieron sus primeras medidas, publicó NA. Al ordenamiento de las cuentas se suma la tensión con los distintos sectores en pugna.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la Mesa de Enlace, los empresarios y movimientos sociales solicitan ser atendidos y negociar sus reclamos con el ministro que, al momento, parece atender a todos los teléfonos, con prioridades, claro está, mientras goza del poder y la libertad de ser la flamante incorporación hasta que se le acaben los créditos.