Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzaron hoy en la acusación contra los imputados en la causa por la adjudicación de Obra Pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, pese a que cada vez hay más recusaciones. Allí, hicieron otros cuestionamientos contra la capacidad operativa de las empresas de Lázaro Báez, las prórrogas en los plazos de ejecución de las obras y el presunto pago de sobreprecios.
Antes de comenzar la jornada, la quinta de las nueve que utilizarán los fiscales para desgranar su alegato acusatorio, el Tribunal Oral Federal número dos acusó recibo de tres nuevas recusaciones, según consignó NA. Estas se sumaron a la presentada el lunes por la vicepresidenta Cristina Kirchner y una quinta añadida luego.
A esas tres (de las defensas de Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti y el ex ministro Julio De Vido), se sumó luego la del ex funcionario de Obras Públicas Carlos Kirchner, primo del difunto ex presidente Néstor Kirchner. Los pedidos se hicieron después de conocerse los vínculos de ambos funcionarios judiciales con Mauricio Macri, a raíz de un partido de fútbol en 2017 en la quinta Los Abrojos.
Embestida contra el fiscal ayudante
Pero el abogado Maximiliano Rusconi, defensor de De Vido, sumó a la recusación al fiscal ayudante Mola. Su argumento es que «tal como da cuenta la publicación del propio ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, asistía a visitar al expresidente Macri y su colaborador «Pepín» Simón en la Casa Rosada». Entretanto, la audiencia de este martes tuvo una primera parte que estuvo a cargo de Mola, quien dedicó la mañana a explicar que las empresas de Lázaro Báez «no tenían capacidad para afrontar semejante cantidad de obras que se les adjudicaban».
Mola contra Lázaro Báez
En ese contexto explicó las modificaciones de las tareas previstas originalmente y la extensión de los plazos, que –según consideró– «eran parte de la maniobra defraudatoria» que les endilga a los funcionarios y empresarios. Pero además, le adjudicó a Báez contar con «información privilegiada» que, por ejemplo, le permitió comprar tierras que iban a ser inundadas con la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, con la aspiración de recibir luego resarcimientos económicos por parte del Estado.
Las represas fueron, según Mola, una «excusa» para demorar una obra pública durante cuatro años (porque un sector de la traza de una carretera pasaba por tierras que iban a quedar inundadas) «pese a haber cobrado 71 millones de pesos de adelanto financiero, correspondiente al 30 por ciento de la obra». Mola recurrió con frecuencia a los adjetivos «absurdo» y «burdo» para calificar las excusas que esgrimían las empresas al pedir prórrogas de los plazos de construcción.
Entre esas razones invocadas por las empresas adjudicatarias figuraron falta de materiales por restricciones de importaciones, falta de combustibles, conflictos sindicales que generaban interrupción de rutas y hasta la crisis financiera internacional conocida como «Lehman Brothers». Mola les restó importancia a cada una de ellas e incluso se quejó porque las empresas justificaban las protestas gremiales con recortes periodísticos, y además recomendó «googlear para ver cuánto tiempo duró la crisis de Lehman Brothers».
Más argumentos
Mola dijo que durante los tres gobiernos kirchneristas «no hubo ningún evento climático anormal en Santa Cruz» y citó como una de sus fuentes de información a la actual diputada opositora Mariana Zuvic, quien declaró como testigo en el juicio. «Cuando le preguntamos si recordaba si entre 2002 y 2015 había habido algún fenómeno climático excepcional en Santa Cruz dijo ‘no’. ¿Seguro?, No, no», citó el fiscal.
