En la última jornada de alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión para Cristina Kirchner, acusada de ser la «jefa de la banda criminal» que llevó a cabo, supuestamente, delitos de asociación ilícita y fraude al Estado. Según sostuvo Luciani, las causas Vialidad y Obra Pública reflejan «la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país».
El pedido de condena para Cristina Kirchner
«Sin justicia, no hay orden, ni desarrollo sostenible, ni tampoco paz social. Hoy, la sociedad reclama justicia. Está en sus manos que se siga avalando la corrupción sistémica». «Señores jueces, esto es corrupción o justicia. Esta parte solicita que se condene a Cristina Elizabeth Fernández a 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesoria legal y pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio a la administración pública», sentenció.
En tanto, las otras penas oscilan entre los 4 y los 10 años de prisión. Luego de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, los mayores pedidos de condena pesan sobre José López, Nelson Peirotti y Julio Miguel de Vido. Los mismos son considerarlos «autores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta por haber sido cometidos en perjuicio a la administración pública».
Razones para condenar a los responsables
«Esta obra fue escrita a inicios de los años 90 y nos muestra de manera triste y cruda que nada ha cambiado. La matriz de corrupción se ha mantenido intacta durante años. Es necesario, a partir de este caso, producir una modificación trascendental», aseveró el fiscal al final de su alegato en Tribunal Oral Federal número 2.
«No importa quien la cometa, no importa si lo hace un funcionario ejecutivo, ministerial o judicial. La defensa de la cosa pública debe ser una política de Estado que trascienda los gobiernos, porque lo que está en juego es la defensa de los derechos humanos», amplió Luciani, luego de haber repasado todos los intentos para impedir que se lleven a cabo los alegatos.
Corrupción como «violación de los derechos humanos»
Asimismo, calificó a la corrupción como «un cáncer de la sociedad», que debe ser extirpado con acciones judiciales como las que se están realizando en el TOF 2. «Los actos de corrupción tienen una verdadera incidencia negativa en la construcción de los estados de derecho. La corrupción atenta contra los principios democráticos. Los abusos de poder generan problemas en la relación entre la legitimidad e invierten los principios del estado de derecho», ratificó.
«La gran corrupción privó al estado de recursos de una manera inequitativa, fueron los sectores más pobres los más vulnerables», aseveró el fiscal. De esta forma, señaló a los responsables no solo por sus supuestos delitos, sino por generar un aumento de la pobreza y las desigualdades como consecuencia del fraude contra el Estado.
«Por eso, el dinero tiene que volver a estos sectores; es a los más necesitados a los que se priva de fondos del Estado. Todos estos recursos podrían haberse destinado a paliar la dura situación de estos sectores. Entonces, la acción que llevaron a cabo los funcionarios corruptos implicó una violación a los derechos humanos, y así solo accedió a los derechos quien pudo comprarlos o quien accedió a ellos desde su posición de privilegio», desarrolló.
