La vicepresidenta Cristina Kirchner realizó este viernes su alegato en el marco del juicio de la Causa Vialidad. En una extensa exposición, la titular del Senado se defendió de las acusaciones por supuesto direccionamiento en la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En el cierre del alegato de la defensa de Cristina, su abogado Carlos Beraldi terminó pidiendo la absolución de la acusada.
Con la requisitoria formal, Beraldi cerró el alegato de la defensa de la expresidenta, que duró tres audiencias. En este marco, el letrado se ocupó de responder las afirmaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en relación a que el ‘lawfare’ (guerra jurídica) “no existe” y que se trata solo de una estrategia de “marketing” a la que recurren aquellos acusados “cuando no pueden revertir los hechos” planteados en un juicio.
Como corolario, Beraldi optó responderles con una definición del papa Francisco -que también había sido invocada por la Fiscalía que acusa a la dos veces presidenta- en la que señaló que “el uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales, el ‘lawfare’, pone en riesgo las democracias de los países y es utilizado para minar los procesos políticos emergentes”.
Antes, y tras haber rebatido con documentos y testimonios las afirmaciones de la fiscalía, Beraldi había aseverado que “Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió directiva alguna vinculada a las obras investigadas en esta causa”. Seguidamente, el abogado -ponderado por la vice, quien sostuvo que dio una clase magistral- sostuvo que no existen elementos para atribuirle una malversación de fondos públicos.
Más del alegato del abogado de Cristina Kirchner
Previamente, Beraldi había afirmado que Cristina Kirchner “jamás impartió ninguna directiva vinculada” a las 51 obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz. Y planteó: “¿Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan”, sostuvo el letrado.
“No existe una obligación de control” sobre las obras por parte de la Presidencia que “no puede ni debe tener control porque la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico”, remarcó Beraldi ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Y concluyó: “Es imposible que el Presidente tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio”, insistió.
Además, recordó testimonios de empresarios, entre ellos el de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, quien aseguró en la audiencia: “No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado”. “Los que han venido a juicio fulminaron esa acusación”, agregó, y cuestionó una decisión que limitó una pericia pedida antes del inicio del debate a 5 de las 51 obras cuestionadas. “El 90% de las obras no fue peritado”, advirtió.
