La defensa de otro de los imputados en la causa Vialidad de Santa Cruz entre 2003 y 2015 calificó como «escandaloso e inaceptable» el alegato acusatorio de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Luis Alonso Martínez, abogado de Mauricio Collareda, pidió la absolución como «única solución posible«, ya que su defendido alegó «no tener afinidad con el empresario Lázaro Báez«.
El defensor del ex titular de Vialidad Nacional en el Distrito 23 (que correspondía a Santa Cruz) invocó el testimonio de un funcionario colocado en ese cargo en 2016. Acorde consignó NA, este manifestó no haber detectado ninguna irregularidad. Además, desmintió a los fiscales, quienes acusaron que Collareda era «amigo de Lázaro Báez». Les reprochó que hubieran tergiversado una situación que el propio exfuncionario reconoció, pero en otro contexto y con otros alcances.
«Collareda reconoció que ‘conocía’ a Lázaro Báez; no que tenía una amistad con él. Lo hizo porque (el titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos, Javier) Iguacel estaba buscando una forma de entrar en Santa Cruz porque suponía que estaba todo mal allí», explicó el abogado. «No está probado que Collareda fuera amigo de Lázaro. Y no se puede probar porque no es cierto. También en este punto lo que expusieron los fiscales es inaceptable y escandaloso», insistió.
Justificación de su inocencia
El abogado Alonso Martínez citó como justificación de su proclamación de inocencia el relato que brindó durante el juicio el extitular del Distrito 24 de Vialidad (correspondiente a Tierra del Fuego) Leandro Martín García. Se trata del funcionario que fue trasladado por la gestión de Iguacel a Santa Cruz para reemplazar a Collareda «cuando fue echado por la gestión que se inició en 2016».
«Cuando la fiscalía le preguntó con qué se había encontrado en Santa Cruz respondió que no había visto una situación que pudiera calificar como anómala. Que lo que ocurría en Santa Cruz no difería de otros distritos», respondió. La fiscalía insistió en las «obras por convenio», un mecanismo de delegación de la construcción de obra púbica que según los fiscales fue una forma de enmascarar la presunta corrupción.
Palabras del exfuncionario de Santa Cruz
García –señaló la defensa de Collareda– respondió que en ese formato de obra pública «la supervisión la hace la dirección provincial de Santa Cruz. El rol que asume Vialidad es más de financiamiento y de seguimiento». «Pese a todo esto, los fiscales quieren que Collareda, quien no tiene ninguna vinculación significativa con el supuesto direccionamiento de la obra pública –según ha quedado probado– pase seis años en prisión», se ofuscó el defensor.
Por su parte, Collareda aseguró que «no tuvo ninguna participación relevante en la maniobra que describió la fiscalía». La ronda de alegatos continuará el próximo viernes a las 8.30 con el alegato del abogado Mario Ganora, quien representa al imputado Osvaldo Daruich, también ex funcionario de Vialidad en el Distrito 23 correspondiente a Santa Cruz.
