Tras el ciberataque a la Legislatura porteña, el Gobierno nacional prepara un proyecto de ley contra hackeos. Se trata de la renovación de la Ley 25.326, de Protección de Datos Personales, sancionada en el comienzo del milenio. El motivo es que la actual ley quedó totalmente desfasada ante la aparición y auge de las redes sociales y la digitalización de la vida diaria.
Fue una legislación innovadora y pionera en la región latinoamericana que establecía la obligación de preservar y resguardar los datos personales, según NA. Se sancionó de una manera tal que se garanticen los derechos al honor y a la intimidad de las personas. Ahora, se busca seguir los ejemplos de Brasil y Chile, países que tienen actualizadas sus respectivas leyes.
En el año 2018, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley ante el Congreso para actualizar la norma vigente. Este cambio aún no ha obtenido ningún avance significativo a pesar de los numerosos ataques que sufrieron la administración pública nacional y provincial. Algunas de las instituciones atacadas, además de la Legislatura porteña, fueron el Senado, el Ministerio Público Fiscal de CABA y el ReNaPer.
Preocupación por la Legislatura porteña y otras instituciones
Gustavo Sain, director de Ciberseguridad del Gobierno nacional, reconoce la situación al expresar en declaraciones públicas, “el incremento de incidentes de seguridad informática». «Creció cerca de un 260% en un año y se debe, principalmente, a la tendencia, a nivel global, de utilización de TICs durante la reciente pandemia», continuó. En consecuencia, «generaron el riesgo de un mayor nivel de ciberdelitos y de incidentes en seguridad informática”.
La Legislatura porteña informó que el domingo sufrió un hackeo que provocó que los «sistemas internos» del edificio se vieran comprometidos y afectados. Por lo sucedido se envió un comunicado interno donde recomendaron que no usar las computadoras ni el wifi del lugar. La orden se mantuvo hasta corroborar que el ataque haya sido bloqueado de manera efectiva.
Lo mismo sucede con empresas privadas. Hace unas semanas, la empresa de medicina prepaga OSDE explicó, a través de posteos en sus redes sociales, que había sido víctima de un ataque. Muchas historias clínicas y otros documentos se convirtieron en moneda de cambio en la deep web. De este modo, la manipulación de información sensible se volvió mucho más accesible con las nuevas tecnologías.
Participación general
En ese contexto, la Agencia de Acceso a la Información Pública publicó en el Boletín Oficial del lunes 12 de septiembre, la Resolución AAIP 119. Así, dio inicio a la consulta pública sobre la propuesta de actualización de Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. El objetivo, señala la publicación, “es garantizar la efectiva participación de la ciudadanía de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, establecido en el Anexo V del Decreto 1172/03″.
La consulta estará disponible del 12 al 30 de septiembre inclusive. Se pueden enviar aportes y opiniones en el sitio web de la Agencia. También se pueden presentar en la Mesa de Entradas, Av. Pte. Julio A. Roca 710 piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 16 hs. El impulso de apertura a todo público se da «en el marco del proceso participativo, abierto y transparente»
