La toma en distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires es un tema que despierta preocupación. No sólo a nivel social, sino político. En este sentido, el Gobierno porteño, a través de su Ministerio de Educación, cuenta con un “protocolo antitomas” aprobado en febrero de 2018. El mismo dispone una serie de pasos a seguir para que, finalmente, la máxima autoridad educativa distrital recurra a la Procuración General.
El protocolo antitomas, en detalle
Se trata de la Resolución 643/MEGC/18 del 14 de febrero de 2018, que ordena a los directivos de los colegios “labrar un acta” y enviarla a la titular de la cartera educativa porteña de turno, en este caso la ministra Soledad Acuña. Luego, ésta “elevará” el “expediente administrativo para intervención de las áreas de la Procuración General”, según consignó la agencia de noticias Télam.
Y agrega “que ante la situación de toma de establecimientos educativos de gestión estatal, que impiden el normal dictado de clases e implican la pérdida de gobierno por parte de las máximas autoridades, resulta menester asegurar con absoluta prioridad la efectivización del derecho a la integridad de los niñas, niños y adolescentes, mediante la corresponsabilidad de las familias ante dichas situaciones”.
El acta que se labre debe incluir los “datos de los padres o de quienes ejerzan la responsabilidad parental que no hayan retirado a los jóvenes a su cargo del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre el adulto”.
También debe proporcionar un “relato de los hechos por los que se efectivizó la toma y el estado del patrimonio escolar, documentado con fotografías”. Esto último, de ser posible, tienen que estar “certificados por escribano público o con la presencia de dos testigos individualizados”. Al mismo tiempo, los directivos deben “dejar constancia” de que no se pueden dar clases ni realizar tareas administrativas debido a la toma.
De acuerdo al protocolo, al comenzar la protesta, las autoridades de la escuela deben dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAME). También tienen la obligación de citar “de manera inmediata” a los familiares responsables “para que retiren” a los jóvenes del colegio tomado.
En tanto, al finalizar la protesta, los directivos del establecimiento deberán labrar otra acta, que también será elevada a la ministra, consignando el “estado detallado del patrimonio escolar al momento de cesar la toma del establecimiento educativo, que además deberá ser documentado fotográficamente”. Y también se les pide “identificar los daños en el patrimonio que podrían haberse ocasionado por la toma” del establecimiento en cuestión.
La situación en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires tomadas
Las instituciones tomadas actualmente son 11: el Carlos Pellegrini, la Luis Pasteur, el Mariano Moreno, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Cerámica 1, la Rodolfo Walsh, la Julio A. Roca, la Lengüitas y el Liceo 5 Pascual Guaglianone. En tanto, el Mariano Acosta estuvo tomado desde el viernes pasado y, si bien la protesta se levantó, los alumnos decidieron permanecer toda la noche en el edificio y finalizar la manifestación con un abrazo simbólico.
En el Pellegrini se registró una situación bastante particular. Los estudiantes que llevaban adelante la protesta en la noche del martes utilizaron un proyector para observar el partido amistoso que la Selección Argentina de fútbol disputó contra Jamaica, con victoria albiceleste por 3-0 en Nueva York, Estados Unidos, en el marco de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar.
