La vicepresidenta Cristina Kirchner busca ir a fondo en la causa por el intento de magnicidio en su contra. En este sentido, la expresidenta pidió este miércoles a la Justicia que imponga el secreto de sumario en el expediente. Pero eso no es todo, previamente había solicitado que se investigue quién está detrás de uno de los detenidos. En este caso, no de quien gatilló contra ella, Fernando Sabag Montiel, sino de Nicolás Carrizo, el denominado “jefe de la Banda de los Copitos”.
A través de su abogado José Ubeira, Cristina Kirchner hizo una presentación ante la jueza María Eugenia Capuchetti en donde reclama se investigue quién está detrás del detenido Carrizo, el último de los cuatro apresados por la investigación. Además, reclamó que se investigue el financiamiento que habrían recibido los detenidos. Al realizar la solicitud, la vicepresidenta –en su rol de querellante– reclamó el secreto de sumario en la causa para que se proceda con esas medidas.
En tanto, este miércoles amplió su indagatoria Agustina Díaz, amiga de la novia –Brenda Uliarte– del atacante de la exmandataria, Fernando Sabag Montiel. Díaz negó que ese 1 de septiembre haya estado en la casa de la vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta. Es que circuló un video por redes sociales y algunos medios en donde se la sindicaba que era ella quien estaba en el lugar.
La defensa sostiene que Díaz no viajó a la Ciudad de Buenos Aires desde mayo pasado. En este sentido, se aportaron los datos de geolocalización de su teléfono celular para negar que ella ese día estuviera en Capital Federal, y que, en cambio, estaba en San Miguel donde vive con su familia, según NA.
Por otra parte, Nicolás Carrizo pidió a la jueza cite una serie de testigos para declarar. La defensa de Carrizo intenta probar que Carrizo no sabía sobre el plan que tenían Uliarte y Sabag Montiel de asesinar a la vicepresidenta. Sobre ello, aportarán información del teléfono y conversaciones de él con ella donde no surge ningún tipo de información al respecto de ante mano.
Sí, en cambio, trascendió que hubo una serie de conversaciones entre Carrizo y Uliarte posterior al atentado y donde él le preguntaba si lo iba a volver a cometer y que incluso había aportado un arma calibre 22. Al respecto, Carrizo aseguró que era una “broma” que él le hacía a otros contactos una vez que ocurrió el atentado, y que ese es el contexto de los mensajes que circularon.
La jueza Capuchetti aún debe resolver la situación procesal de Díaz y de Carrizo, esto es si los procesa o no como parte de la organización que quiso asesinar a la vicepresidenta. En cambio, Sabag Montiel y Brenda Uliarte no apelaron sus procesamientos ante la Cámara Federal y los mismos quedaron firmes. Esto es que la jueza está en condiciones de elevarlos a ambos a juicio aunque seguramente esperará a agotar todas las vías de investigación.
La prueba contra Sabag Montiel y Uliarte es contundente, no sólo por el contenido de los teléfonos, sino porque las imágenes muestran que ambos estuvieron en el lugar de los hechos, en tanto que él manipuló el arma calibre 32 que apuntó y gatillo sobre la vicepresidenta.
