La Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos denunció al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por instalar en la provincia una “empresa de espionaje ilegal”. Se apuntó además a la Justicia actuar junto a la gestión del radical en el “armado de causas con hipótesis delictivas” y con infiltraciones de la policía en las organizaciones sociales. Ello –consideraron– “está vulnerando las garantías y derechos constitucionales de la democracia”.
La denuncia penal se presentó en la fiscalía federal de Jujuy contra el ministro de Seguridad provincial, Luis Alberto Martín; el jefe de Policía, Héctor Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía jujeña, Marcelo Rodríguez; el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Diego Funes; y el juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública local Rodolfo Fernández. Es “por la presunta comisión de delitos de acción pública, por hechos violatorios de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional”.
“La primera acción de esta empresa de espionaje fue infiltrar, ese es el primer hecho que denunciamos, la infiltración (en marchas y movilizaciones). Acá se persiguen a todos los opositores, no hay nadie en particular, se los persigue a todos”, dijo la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, en la CTA de Jujuy, según Télam.
“Cometida la infiltración, el fiscal Funes solicita allanamientos, que también constan en la denuncia, y con eso va construyendo hipótesis delictivas de las que el juez de control toma intervención tres meses después”, precisó. Y detalló que “se violaron dos leyes federales, por eso la competencia es federal y no pueden desestimarla”, dado que “se realizaron tareas de espionaje ilegal sin denuncias previas que vinculen la comisión de una actividad criminal”.
“Estas tareas de espionaje ilegal según los hechos y las pruebas que constan en esta denuncia fueron encomendadas a la Agencia de Delitos Complejos provincial”, apuntó Carpineti. Consideró que “es importante que la población entienda cómo funciona esta estructura judicial policial que estamos denunciando; definitivamente una empresa de espionaje ilegal”.
Y añadió que obedece a “una estrategia” del Gobierno para “el aniquilamiento del que piensa diferente, donde Morales debe ser también el garante de que se cumpla la Constitución Nacional en la provincia, con los debidos procesos, tratados internacionales, así como en todas las jurisdicciones del país”. Carpinetti indicó que toda esta estructura “constituyó una empresa de espionaje ilegal” y la fiscalía “debe investigar los hechos, abrir a prueba e iniciar con las testimoniales”.
La denuncia se realizó en el marco de la cuarta visita de la Comisión en Defensa de los DD.HH. a Jujuy con participación de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. Durante su permanencia en Jujuy para hacer un relevamiento sobre vulneración de derechos, la Comisión visitó Tilcara y San Pedro de Jujuy y advirtió la presencia de un policía que los estaba espiando mientras tomaban las denuncias.
