El kirchnerismo denunció por sedición a Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, por no acatar el feriado nacional por el atentado a Cristina Kirchner. Al igual que su par provincial de Jujuy, Gerardo Morales, el funcionario dispuso que toda la provincia trabajase «con normalidad». El decreto de Alberto Fernández se dictó para ser implementado el 9 de septiembre, el día después del intento de magnicidio.
«Se debe trabajar con normalidad, que es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia y adhesión a la paz social», indicó el comunicado del Gobierno de Mendoza. En el mismo escrito, se destacó que las palabras del mandatario presidencial a altas horas de la noche generaban «incertidumbre» y desconcierto en las familias mendocinas.
Denuncia y justificación del Gobierno de Mendoza
La diputada del Frente de Todos, Marisa Uceda, fue quien decidió realizar la denuncia por sedición. El delito, según el artículo 22 de la Constitución Nacional, reúne a «toda fuerza armada o reunión de personas que se otorgue los derechos de todo el pueblo». Las penas de prisión pueden ser de 1 a 6 años según la gravedad de la acción.
La causa cayó en el Juzgado Federal 3, el cual solicitó al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia un informe sobre la administración pública provincial luego de publicarse el DNU 573/2022. Según el medio local Mendoza Post, el Gobierno de Mendoza respondió que «nos denuncian porque la gente trabaja», aunque se mostraron colaborativos con el requerimiento.
Qué dice el DNU
El decreto nacional que se publicó en el Boletín Oficial justifica el feriado nacional como una medida para que «el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y pronunciarse en defensa de la paz y la democracia».
El texto firmado por el presidente de la Nación y todo el Gabinete nacional sostiene que es fundamental que la sociedad «pueda expresarse en paz, en defensa de la democracia y sus instituciones y en repudio a las expresiones de odio y a la violencia política». Sin embargo, varios dirigentes de la oposición consideraron que el feriado es un acto político y no un gesto genuino de apoyo hacia la vicepresidenta.
