Los habitantes de Chile votarán el domingo para aprobar o rechazar una propuesta de nueva Constitución, centrada en derechos sociales y medio ambiente. Un cambio radical respecto de la normativa actual heredada de la dictadura, la misma que ayudó a consolidar el modelo económico liberal del mayor productor global de cobre.
La posibilidad de reescribir la carta magna abrió una vía política tras las violentas protestas sociales que estallaron a fines de 2019. Esto se ratificó por una mayoría aplastante un año después en un referendo. Durante meses de polémicas disputas dentro de la asamblea redactora la nueva carta magna, todas las encuestas señalan desde hace meses que el texto será reprobado.
Más de 15 millones de personas están habilitados para sufragar el domingo. Pese a que en Chile el voto es voluntario, el acuerdo que dio origen al proceso constitucional estableció voto obligatorio para este plebiscito. En el voto impactará la percepción sobre el gobierno del progresista Gabriel Boric, cuya popularidad ha caído fuerte en los últimos meses.
Si se aprueba la nueva Constitución, la coalición oficialista firmó un pacto para reformar el texto y «aclarar» algunos puntos cuestionados. Algunos de ellos, como asegurar la propiedad de viviendas o mantener el componente de capitalización individual en el sistema de pensiones. Después vendría el ajuste de toda la legislación para adaptarse al nuevo texto de acuerdo a las disposiciones transitorias, informó Reuters.
En caso que el pueblo chileno rechace el nuevo texto, deberá iniciarse un nuevo proceso constitucional para cumplir con la voluntad popular. Otros sectores políticos apuntan a que se puede realizar una reforma a la carta magna vigente. Esto se lograría usando los ajustes de quórum que han sido aprobados recientemente para facilitar su eventual modificación.
