A través de su abogado, Milagro Sala denunció ser víctima de “presiones y persecuciones” en torno al juicio por supuesta sustracción y destrucción de un expediente judicial en 2009. El representante de la líder de la Asociación Barrial Túpac Amaru, Marcos Aldazábal, salió a manifestar que integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy están armando un “entramado” para complicar a su clienta y a otros imputados.
En la última audiencia se presentaron pruebas conteniendo llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp entre fiscales y el exabogado de la líder de la organización Túpac Amaru, Antonio Alberto Bellido, también acusado. Sin embargo, el Tribunal lo Criminal Nº 3 no las consideró y las rechazó, como la totalidad de los planteos efectuados por la defensa, consignó la agencia Télam.
“En las últimas semanas salieron la luz muchas cosas que ya sabíamos, sobre los aprietes y persecuciones a distintas personas para que declaren contra Milagro”, afirmó Aldazábal en declaraciones a AM 750. Jorge Ruíz –exempleado judicial que testimonió en la apertura del juicio el 18 de agosto– reveló que recibió un ofrecimiento de trabajo y dinero por parte fiscales del MPA para declarar contra Bellido y Sala.
El “entramado” sospechado por la defensa de Milagro Sala
“Un funcionario del MPA me dijo personalmente que si declaraba a favor de ellos volvería a trabajar”, aseguró el testigo. A ese testimonio se sumó la declaración del propio Bellido, quien exhibió en un papel datos impresos de las comunicaciones telefónicas establecidas que algunos fiscales mantuvieron con él. “Al primer testigo (Ruiz) le ofrecieron un cargo, pero como se negó a declarar le hicieron seguimiento, lo persiguieron”, denunció Aldazábal.
En este sentido, agregó respecto a la audiencia del lunes pasado que a Bellido le propusieron “una suerte de acuerdo para que fuera sobreseído”. “Con su declaración buscaban acallar a este otro testigo para ir en contra de Milagro Sala”, dijo el letrado. La audiencia anterior fue suspendida luego de que Bellido se descompensara tras haber denunciado las comunicaciones de los fiscales.
Esto último había motivado que su defensa recusara al fiscal Diego Funes por su falta de objetividad en el proceso. “(A Bellido) lo llevaron a una reunión con el jefe de los fiscales (Sergio Lello Sánchez), quien le dijo ‘Te arreglo este problema (por el juicio), pero necesitamos que presentes un escrito por el cual le iban a dictar la prescripción’ si declaraba contra Milagro. De esta forma acallaban lo dicho por el testigo Ruiz”, detalló Aldazábal.
El letrado consignó además que una de las llamadas hechas a Bellido pertenece al hijo de uno de los jueces del tribunal que es funcionario en el MPA. “Se terminó desatando todo un escándalo a partir de estas revelaciones de armado de causas”, expresó.
La causa y los acusados, entre ellos Milagro Sala
A Sala se la juzga como supuesta “determinadora directa del delito de cohecho activo y de sustracción de documento público, en concurso ideal; con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real”. Bellido, en tanto, es apuntado como supuesto autor de los delitos de “cohecho activo y sustracción de documento público, en concurso ideal con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real”.
El tercer imputado es Marcos Romero, empleado judicial, como supuesto autor de los delitos de “cohecho pasivo y sustracción de documento público, en concurso ideal con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real, en carácter de coautor y todo ello en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
De acuerdo al MPA, el hecho ocurrió en la mañana del 22 de diciembre de 2009, en la oficina del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 3 – Secretaría Nº 6-, sito en Urquiza Nº 462, de la capital jujeña. Según la acusación de la fiscalía, en circunstancias en que su compañero de oficina ya no estaba en el lugar, el imputado Marcos Romero, auxiliar administrativo, habría aprovechado que se hallaba solo para apoderarse ilegítimamente de dos expedientes.