El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca impulsar los proceso de urbanización en los barrios populares y prorrogar la suspensión de desalojos por 10 años en estas zonas carenciadas, donde los terrenos son ocupados ilegalmente. Varios movimientos sociales lograron en 2018 incorporar una ley similar para mejorar el acceso a los servicios públicos como el agua, la luz y el gas.
«Una de las medidas más importantes que estableció la ley (del 2018) fue que al menos el 25% de las obras debían ser ejecutadas por cooperativas o por trabajadores de la economía popular, lo que constituyó en su momento un cambio de paradigma: los vecinos dejaron de ser sujetos pasivos y pasaron a protagonizar los procesos de cambio. De ahí que hablemos de integración socio urbana y no solo de urbanización», señaló el diputado nacional del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli en Télam.
«Además de ampliar la cantidad de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), apunta a agilizar los procedimientos administrativos para urbanizarlos más rápido, mejorarles el acceso a los servicios públicos, y prorrogar la suspensión de desalojos«, insistió Toniolli apoyando la medida política y social que se debatirá por la tarde en el Congreso.
Las obras son financiadas en parte con el impuesto PAIS que se le cobra a todos los que compran el dólar ahorro y también por el impuesto a las grandes fortunas que se sancionó en 2020. Por ahora, en el ReNaBaP hay 656 proyectos de integración socio urbana a nivel nacional, que benefician a 400.000 familias y que generan 120.000 puestos de empleo.
El Congreso en marcha para cambiar la radiografía social de la Argentina
Hoy en Argentina hay cerca de 5.000.000 de personas que viven en barrios populares, lo que representa más del 10% de la población total del país y en términos territoriales equivale a 3,3 veces el tamaño de la ciudad de Rosario. Por otro lado, la ley que propone el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados establece el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial.
