Las «detenciones arbitrarias y discriminatorias» de uigures y otros musulmanes en la región de Xinjiang por parte de China pueden constituir crímenes contra la humanidad, explicó el miércoles La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en un informe largamente esperado antes de dejar su cargo
La expresidente chilena, quien se enfrentó a críticas por parte de algunos diplomáticos y grupos defensores de los derechos humanos por ser demasiado blanda con China, publicó este informe minutos antes de que terminara su mandato de cuatro años el miércoles. Bachelet visitó China en mayo.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) afirmó en su informe de 48 páginas que «se han cometido graves violaciones de los derechos humanos» en Xinjiang «en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias antiterroristas y contra el ‘extremismo’».
«La magnitud de las detenciones arbitrarias y discriminatorias de miembros de los uigures y de otros grupos predominantemente musulmanes (…) puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad», explica la publicación de la ONU, replicó Reuters.
La oficina logró al Gobierno chino que tome medidas rápidas para liberar a todos los detenidos en los llamados «centros de formación», prisiones o centros de detención. «Hay indicios creíbles de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación coercitiva de políticas de planificación familiar desde 2017», recogió el informe.
El Gobierno de China dice que Bachellet no se meta
Grupos en defensa de los derechos humanos acusan a Pekín de abusos contra los uigures, una minoría étnica mayoritariamente musulmana que cuenta con unos 10 millones de personas en la región occidental de Xinjiang, incluyendo el uso masivo de trabajos forzados en campos de internamiento. Estados Unidos ha acusado a China de genocidio.
China ha negado enérgicamente cualquier exceso en Xinjiang y ha publicado una respuesta de 131 páginas al informe de la ONU. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, calificó el informe de «completamente ilegal y sin vigencia».
«Esto demuestra una vez más que la OHCHR se ha convertido en un matón y en un cómplice de Estados Unidos y de Occidente», expresó. Antes de la publicación del informe, el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, manifestó que Pekín se había opuesto repetidamente al documento.
Además apuntó que la jefa en materia de derechos humanos de la ONU no debería interferir en los asuntos internos de China. «Todos sabemos muy bien que la llamada cuestión de Xinjiang es una mentira completamente fabricada por motivaciones políticas y su propósito es, sin duda, socavar la estabilidad de China y obstruir su desarrollo», dijo Zhang.
«No creemos que este informe produzca ningún bien a nadie, simplemente socava la cooperación entre la ONU y un Estado miembro», expresó. Por su parte, Bachelet dijo que su informe requirió «un trabajo y una revisión considerable». «El diálogo y el compromiso consisten en tratar de construir la confianza —de forma gradual— incluso cuando parece poco probable. Mi propia experiencia en Chile me mostró el valor de este enfoque», dijo.