La vicepresidenta Cristina Kirchner recibirá el miércoles al mediodía en su despacho del Senado a una delegación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMJN). El encuentro se da en medio de la disputa por la reforma en el proyecto de Presupuesto 2023. Este extenderá la obligación de tributar por el impuesto a las Ganancias a todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
En alerta por la probable eliminación de este privilegio a funcionarios judiciales (incluidos los integrantes del Ministerio Público Fiscal), el presidente de la AMJN, Marcelo Gallo Tagle, le pidió por escrito una audiencia a la titular del Senado. Según NA, también requirió una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau.
La entidad gremial de los magistrados también requirió una reunión con los miembros de la Corte Suprema. El viernes pasado, mantuvieron una reunión de urgencia por este tema. Este lunes por la tarde, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a la AMJN. El gremio de jueces y magistrados intentaba ejercer su poder de lobby para torcer la decisión del oficialismo para incluirlos en el pago de Ganancias.
La nota a Cristina Kirchner
En la nota remitida a Cristina Kirchner, a la que accedió el mismo medio, se le solicita a la jefa del Senado que reciba «a una delegación representativa de los distintos estamentos que componen esta Institución, con el objeto de ser escuchados respecto del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación que sustituye el artículo 82 inc. a) y c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias».
Son varias las observaciones de la entidad de magistrados a la quita de la exención del pago de Ganancias. Abrevan en la necesidad de salvaguardar la «independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial, en todos sus aspectos. También, «cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional».
Según señalaron en el escrito, esa reforma «afectaría el salario de los Magistrados/as del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos de la República Argentina». Ante ello, alegaron que violaría flagrantemente lo establecido en el articulo 110 de la Constitución Nacional. El artículo fija «los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta». A su vez, «recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones».
