La fiscal general de Perú presentó el martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, abriendo una nueva batalla legal que las fuerzas de la oposición esperan que pueda llevar a la destitución del mandatario. Castillo encara cinco investigaciones. Entre ellas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, de dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor.
Las denuncias incluyen a la esposa del mandatario y a su cuñada, quien actualmente cumple prisión preventiva por 30 meses. Aunque algunos legisladores han dicho que quieren lanzar un tercer intento de destitución pero han reconocido que no tienen los votos necesarios, lo que por ahora mantiene a Castillo con cierta firmeza en el poder.
Algunos, sin embargo, creen que la denuncia constitucional podría llevar a la suspensión de Castillo con menos votos en el Congreso, controlado por la oposición, que una votación formal de destitución o vacancia. Pero el primer ministro, Aníbal Torres, explicó que la denuncia constitucional es inconstitucional por sí misma, sentando las bases para una batalla legal sobre los límites del mecanismo.
Castillo niega cualquier delito y en la noche del martes afirmó que cumplirá con su mandato, que finaliza en 2026. En una rueda de prensa con periodistas extranjeros, el mandatario calificó la denuncia constitucional -así como los allanamientos y detenciones que tuvieron como objetivo a sus aliados más temprano en la jornada- como un «golpe de Estado» orquestado por la Fiscalía General, informó Reuters.
La fiscal general Patricia Benavides dijo que los investigadores hallaron «graves evidencias» de que existe una organización criminal encabezada por el presidente por lo que se presentó la denuncia por la «presunta organización criminal». La denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar esa restricción, en una de las medidas más agresivas tomadas contra Castillo desde que llegó al poder en julio de 2021.
