La Inspección General de Justicia (IGJ) multó a la empresa Caputo Hermanos S.A. El ente dispuso la «fiscalización estatal» y se comprobaron pagos no registrados para un referente de Revolución Federal por supuestos trabajos de carpintería. La multa de 1,8 millones de pesos se aplicó por la omisión de presentación de estados contables desde 2005 hasta hoy.
La multa fue de cien mil pesos por cada uno de los 18 años en que, según la resolución firmada por el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, la empresa no cumplió con sus obligaciones ante el organismo inspector. La IGJ precisó, según NA, que la empresa de Nicolás Caputo y familia tampoco tiene registrados los fideicomisos «Santa Clara al Sur» y «Espacio Añelo». A través de ellos, fueron pagados los trabajos a la carpintería de Jonathan Morel, hoy detenido en una causa por amenazas contra Cristina Kirchner.
El documento que incrimina a Caputo Hermanos S.A.
La IGJ determinó, además, que el estatuto de Caputo Hermanos «no incluye en su objeto su actuación como fiduciaria en contratos de fideicomiso, lo que es imprescindible atento la naturaleza y efectos emergentes de dicho contrato». «Caputo Hermanos S.A. puede configurar una sociedad simulada, siendo esta compañía solo un instrumento formal que utilizan los hermanos Nicolás Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo para llevar a cabo sus negocios personales, con la participación de la hermana de ambos, Rossana Pía Caputo», sostiene la resolución.
«La sociedad se encuentra totalmente infracapitalizada, pues jamás aumentó su capital social, que hoy continúa siendo de 12 mil pesos», agrega. Se trata de «una suma absolutamente insignificante para cumplir con las funciones de productividad y garantía que cumple el capital social de toda sociedad anónima», añade el documento.
Por este motivo, se concluyó que «Caputo Hermanos es una sociedad que carece de toda transparencia«. Asimismo, «incumple en forma deliberada con todas las cargas que mantiene con la IGJ». El incumplimiento, según la resolución, tiene como objetivo «evitar el conocimiento por parte de este órganos de control de los terceros interesados y del tráfico mercantil en general, de cualquier dato que pudiere resultarles de interés».
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