La Oficina Anticorrupción (OA) denunció este martes penalmente a Patricia Bullrich, Marcos Peña y Gerardo Milman. El motivo: supuesto direccionamiento en una compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016, en plena presidencia de Mauricio Macri. En ese entonces, Bullrich –actual titular del PRO– era ministra de Seguridad de la Nación, Peña jefe de Gabinete, y Milman –actual diputado nacional– secretario de Seguridad Interior de la cartera de Seguridad.
Los denunciantes dijeron que se trató de una licitación irregular en la que el gobierno de Juntos por el Cambio habría optado por la opción más costosa en perjuicio de las arcas estatales por US$ 5 millones, entre otras irregularidades. Y acusan a los dirigentes por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
“No quedan dudas respecto de la voluntad de Bullrich y del entonces secretario de Coordinación Planeamiento y Formación (de Seguridad), Alberto Fernando Föhrig, de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración pública”, sostiene la denuncia de la OA, en donde se detalla el paso a paso de la operaciónsegún publicó Télam.
En ese escrito, el organismo remarcó que “las numerosas irregularidades administrativas descriptas confirman la decisión de obrar en beneficio del consorcio IAI-ELTA/Rafael Ltd. en forma rauda y expedita, despreocupándose por siquiera disimular mejor la maniobra”. Esa maniobra según la OA, consistió en direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos.
La operación fue en favor de una empresa a la que Cambiemos le pagó US$ 35 millones de, US$ 5 millones más de lo que ofrecían las demás competidoras en la licitación. Bullrich “resolvió adquirir el millonario sistema de seguridad de fronteras a Israel Aeroespace Industries Ltd. (IAI), es decir a una de las firmas representadas por Barr Eitamar, mediante un procedimiento que exhibe las irregularidades que se describirán a continuación”, dice la presentación.
“Las conductas concretadas por Peña, Bullrich, Milman y Föhrig, en tanto, implicaron la adquisición y capacitación para utilizar aeronaves no aptas para volar en nuestro país al momento de su compra, quedarían encuadradas en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, detalló el organismo.
Para la OA, Peña, Bullrich, Milman y Föhrig, “habrían violado sus deberes y abusado de su posición”. “La acción típica entonces es la de perjudicar los intereses confiados, que implica la violación de deberes por parte del agente”, argumenta. “Bullrich y Föhrig impulsaron y adquirieron un sistema ‘enlatado’ sin previsión alguna de su adaptabilidad a la realidad y a la normativa vigente en el país, por razones ajenas al interés público y en perjuicio del patrimonio estatal”, según la investigación.
Pero además la OA advirtió que cargan con otra “conducta objeto de reproche penal, cual es la adquisición de dos vehículos aéreos no tripulados que conforme la normativa vigente al momento de la compra, no estaban autorizados a volar en la Argentina”. Incluso en esa operación el Estado le pagó a la empresa ganadora de la licitación el impuesto a las ganancias por US$ 600.000 a través de un ente cooperador.
