La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso contra el acuerdo por el cual el presidente Alberto Fernández y su mujer, Fabiola Yáñez, acordaron una “reparación integral del daño” por el Olivosgate. La demanda se inició por el festejo del cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos en el momento más estricto de las restricciones por la pandemia, en julio de 2020.
“El recurso extraordinario federal traído a consideración del Tribunal para que se pronuncie acerca de su viabilidad formal no puede ser autorizado”, dijeron los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Eduardo Riggi. Los jueces coincidieron con el criterio del fiscal Raúl Plée, según NA. Por ese motivo, desestimaron el planteo formulado por el denunciante y pretenso querellante Paulo Gustavo Vitaver, representado por la Fundación Apolo.
“El recurso extraordinario exige -entre otros requisitos para su procedencia- que la sustancia del planteo implique el debate de una cuestión federal debidamente fundada; extremo que no se verifica”, añadieron. De esta manera, la situación del jefe del Estado y Fabiola Yáñez, asistidos ambos por el abogado Juan Pablo Fioribello, quedó virtualmente cerrada. Esto supone el desembolso de unos tres millones de pesos en concepto de “reparación del daño” a entidades públicas vinculadas con la salud.
“No ha sido demostrada en el caso la alegada vulneración a principios y derechos constitucionales básicos en los términos del apelante. Es a los efectos de ser considerados como una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia extraordinaria del Máximo Tribunal”, explica el fallo.
Motivos de la denuncia
El denunciante Vitaver había pedido ser tenido como particular damnificado en razón de que no pudo acompañar en la hora de su muerte a un familiar. Vitaver tiene aún una última posibilidad de recurrir en “queja” ante la Corte Suprema, en una instancia de improbable éxito para su aspiración. La revisión se había pedido en agosto de este año
Fernández y Yáñez acordaron zanjar el conflicto judicial mediante una de las medidas alternativas previstas en la ley. El trato se hizo mediante un acuerdo pactado con el fiscal Fernando Domínguez. Se homologó gracias al juez de primera instancia Lino Mirabelli, ambos de San Isidro.