Rusia multó este martes a TikTok por no eliminar contenidos que violan las leyes rusas sobre «propaganda LGBT». También restringió el servicio de retransmisión en directo Twitch por albergar una entrevista en vídeo con una figura política ucraniana que, según Moscú, contenía información «falsa».
Las multas suponen el último paso en la larga disputa de Moscú con las grandes tecnológicas, con sanciones sobre los contenidos, demandas sobre el almacenamiento de datos y algunas prohibiciones directas. TikTok, propiedad de la compañía tecnológica ByteDance, fue multada con 3 millones de rublos, informado el Tribunal del Distrito Tagansky de Moscú.
El caso contra la plataforma de videos se basaba en acusación de que la empresa estaba «promoviendo valores no tradicionales, LGBT, feminismo y una representación distorsionada de los valores sexuales tradicionales» en su plataforma.
Rusia está considerando ampliar su actual ley de «propaganda gay», aprobada en 2013, que prohíbe a cualquier persona o entidad promover las relaciones homosexuales a los niños. Los legisladores han argumentado que la ley debe ampliarse para incluir también a los adultos y que deben aumentarse las multas por exponer a los menores a la «propaganda LGBT», informó Reuters.
Las autoridades rusas afirman que defienden la moralidad frente a lo que considerando valores liberales no rusos promovidos por Occidente, pero activistas de derechos humanos afirman que la ley se ha aplicado ampliamente para intimidar a la comunidad LGBT de Rusia.
Twitch
Por otro lado, Twitch, propiedad de Amazon, fue multada con 4 millones de rublos, según el tribunal. Las agencias de noticias rusias dijeron que el caso se había elaborado en respuesta a que la plataforma de transmisiones en vivo acogió una entrevista con Oleksiy Arestovych, asesor presidencial ucraniano.
Twitch fue multada con 3 millones de rublos a principios de este año por albergar otra entrevista a Arestovych. Moscú aprobó una ley a principios de marzo, poco después de enviar miles de tropas a Ucrania, que prohíbe «desacreditar» a las fuerzas armadas, con una pena de hasta 15 años. Las empresas tecnológicas extranjeras han sido anunciadas de que no deben violar esa ley.