La Cámara Federal de Casación comenzará a analizar este jueves la apelación contra el fallo que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en las causas conocidas como “Hotesur y Los Sauces”. También habían quedado absueltos sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y otros familiares, empresarios y funcionarios. La audiencia se realizará ante la Sala 1, la misma que esta semana comenzó a revisar las absoluciones en la Causa Memorándum con Irán.
En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5 dispuso por mayoría la absolución de todos los imputados en la causa, en la que se investigan supuestas maniobras lavado a través de los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz. Al igual que en la Causa Memorándum, la Casación debe resolver si ratifica los sobreseimientos o si, en cambio, retrotrae la situación a la previa de aquel fallo y ordena la celebración del juicio oral y público, según NA.
El tribunal prevé realizar dos audiencias: una este jueves y otra el 22 de noviembre, en las que escuchará las exposiciones de todas las partes previo a tomar una decisión. La acusación con la que avanzaron Los Sauces y Hotesur se basaban en que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa alquilaban habitaciones de los hoteles como una suerte de retorno por el dinero que obtenían mediante la adjudicación de licitaciones y negocios con el Estado.
El TOF Nº 5, por mayoría, descartó la figura del “lavado de dinero” por la que estaban siendo investigados la vicepresidenta y sus hijos. La defensa de los tres, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que todo el giro comercial de las empresas de la familia Kirchner dedicadas al rubro hotelero se realizó a través de operaciones bancarias registradas, por lo que no pudo existir el delito de lavado.
Para que exista, señalaron los defensores, “los bienes provenientes de un delito que están por fuera del sistema económico legal se integran al mismo a través de una o varias actividades, simultáneas o sucesivas, que tienen por propósito dotar a los bienes originarios -o sus subrogantes- de apariencia de legalidad”. Ello –aseguraron– no ocurrió, ni pudo haber ocurrido en el caso.
Pero el fiscal general Mario Villar postuló que el sobreseimiento fuera anulado y, como derivación de ello, se designara a un tribunal para realizar el juicio oral. La Casación, integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, podría adoptar una decisión antes de fin de año.
