Una comisión del Congreso de Perú aprobó tramitar una denuncia de la Fiscalía General para someter a juicio político al presidente Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal. «La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría», anunció la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.
El documento contra Castillo y dos exministros fue presentado al Congreso el 11 de octubre por la fiscal general, Patricia Benavides. La votación arrojó 13 votos a favor y ocho en contra. Según la Fiscalía, todos los denunciados son «presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario», informó Télam.
La imputación al presidente peruano se basa en más de 190 elementos probatorios acumulados por los fiscales. La admisión a trámite de la denuncia representa el puntapié formal de un largo proceso que puede acabar con la salida del poder de Castillo, que asumió en julio de 2021. «Es el inicio de todo un proceso», declaró el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.
Esto se produce a tres días del arribo de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). La misma analizará la aguda crisis política en Perú por los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo. La subcomisión debe evaluar la denuncia. Sí, la declara procedente, remitirla a la Comisión Permanente del Congreso, penúltimo peldaño antes de ser enviada al pleno.
El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta 2026. La tesis de la Fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción, de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
