El juicio en la Causa Vialidad comenzó el 21 de mayo de 2019 y venía de estar seis meses interrumpido por la pandemia de coronavirus. Pero este año, el caso quedó marcado por el intento de asesinato de la acusada vicepresidenta Cristina Kirchner, el 1 de septiembre pasado. La causa por la obra pública en Santa Cruz se abrió en 2016, por una denuncia del entonces presidente de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Dos fiscales federales, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, pidieron la citación a declaración indagatoria de la expresidenta y otros imputados el 16 de agosto de 2016. A todos los indagó el juez federal Julián Ercolini, quien el 27 de diciembre de 2016 dictó procesamientos por presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública nacional al empresario -y amigo íntimo del exmandatario Néstor Kirchner- Lázaro Báez en Santa Cruz, recopiló Télam.
A dos días de conocer el veredicto final y ver qué ocurre con Cristina Kirchner, sobre quien pidieron una pena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, es pertinente repasar la cronología del desarrollo del proceso judicial. Empezando por el 2 de noviembre de 2017, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ratificó los procesamientos, avalados con anterioridad por la Cámara Federal porteña.
El 18 de diciembre de ese mismo año, Pollicita pidió el envío a juicio oral y el 2 de marzo de 2018 Ercolini dio por cerrada esa parte de la investigación y envió el caso a sorteo de Tribunal Oral. Un año después, el 21 de mayo, comenzó el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de manera presencial en la sala de audiencias AMIA del subsuelo de Comodoro Py 2002.
Ese día estuvieron presentes todos los acusados: Cristina Kirchner, Julio de Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Fatala. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dieron inicio a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.
2019
El 1 de julio de 2019, la entonces senadora Cristina Kirchner era precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos y su abogado defensor Carlos Beraldi planteó ante el Tribunal, en las llamadas cuestiones preliminares, que el juicio debía suspenderse. Habló de acusaciones políticas en el marco del “lawfare” que llegaron “hasta límites absurdos” y pidió “no seguir avanzando de manera innecesaria”.
El 26 de agosto, el Tribunal rechazó este planteo y comenzaron las declaraciones indagatorias de los acusados. En tanto, el 2 de diciembre ese año, ya como vicepresidenta electa, Cristina Kirchner habló por primera vez ante el Tribunal en su indagatoria, de manera presencial, en la sala de audiencias de Comodoro Py. Sostuvo que la acusación “fue un plan ideado por el Gobierno saliente” y “forma parte del lawfare” planeado con “el auxilio invalorable del aparato judicial”.
El Tribunal había rechazado días antes un pedido de su defensa para televisar esa audiencia en directo. Finalizadas las indagatorias de los 13 acusados, comenzaron las declaraciones de los testigos pero, el 16 de marzo de 2020 el juicio tuvo su última audiencia presencial. Esa misma fecha, el TOF suspendió el juicio ante la pandemia de Covid-19. El parate se extendió hasta agosto del año siguiente.
2020 y 2021
El tercer día de agosto de 2020 el debate se reinició, aunque de manera semipresencial, con jueces y testigos en una sala de audiencias con barbijo y distanciamiento social y las restantes partes conectadas remoto a través de la plataforma Zoom. En tanto, se prosiguieron las declaraciones testimoniales, el debate luego entró en receso por la feria judicial en enero de 2021 y se retomó el 8 de febrero de ese año.
2022
El 15 de febrero de este año, el presidente Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py y declaró de manera presencial como testigo. En ese marco, quien fuera jefe de Gabinete de Néstor Kirchner negó la existencia de “arbitrariedades” en la distribución de obra pública nacional y sostiene que se trata de “decisiones políticas no judiciables”.
Luego, en abril, comenzó la etapa de declaración de los peritos y se realizó un coloquio entre ellos ante la inexistencia de un acuerdo en el informe final. Las defensas cuestionaron la validez como prueba de esa pericia hecha sobre cinco de las 51 obras bajo investigación. Terminada la etapa de testigos, el 11 de julio empezaron los alegatos finales.
La querellante Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución de todos los acusados al argumentar que no hay “certeza suficiente” para afirmar la existencia de sobreprecios en las obras adjudicadas a Báez y de la existencia de una asociación ilícita. Aludió a un “estado de duda insuperable” en base a esa pericia que no acreditó la existencia de un “fraude”.
“Resulta imposible probar la existencia de una asociación criminal”, agregó el organismo y pidió descartar como prueba esa pericia por “inconsistencias y falta de claridad”. Del 1 al 22 de agosto 2022, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pronunciaron su alegato acusador durante nueve audiencias que terminó con pedidos de entre dos y 12 años de prisión para los acusados por asociación ilícita y defraudación.
“Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo Luciani al inicio del alegato. Desde días antes y tras conocerse el pedido de los fiscales, hubo manifestaciones de apoyo a Cristina Kirchner frente a su departamento de Recoleta.
El intento de asesinato contra Cristina Kirchner en medio de los alegatos
Hasta que en la noche del 1 de septiembre, el luego detenido Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a la dos veces mandataria al gatillar un arma a pocos centímetros de su cara cuando ella llegaba a su casa. La bala no salió. Con la conmoción por el intento de magnicidio, el 5 de septiembre se retomó el juicio y comenzaron los alegatos de las 13 defensas.
El 19 de septiembre comenzó el alegato de la defensa de la vicepresidenta. Hubo “mala praxis” fiscal para sostener una “fantasía”, dijo su abogado Carlos Beraldi y remarcó que la acusación quedó “fulminada” ante las pruebas obtenidas en el juicio. “Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz”, sostuvo.
El 23 de septiembre, Cristina Kirchner cerró el alegato en su tercera jornada, al hablar ante el Tribunal como abogada en su propia defensa “Estamos ante un claro caso de prevaricato”, advirtió: “Luciani y Mola mintieron en el alegato final”. Los alegatos terminaron el 31 de octubre. Tras un receso, el 14 de noviembre Luciani rechazó planteos de nulidad, pero no quiso replicar los alegatos de los abogados defensores.
“La acusación se mantiene incólume y el tribunal se encuentra en condiciones de avanzar con el veredicto”, dijo el fiscal. De esta manera, El Tribunal dio inicio a la etapa de últimas palabras que cerró en la audiencia del 2 de diciembre, cuando la vicepresidenta habló por última vez, con el documento “Las 20 mentiras de la Causa Vialidad” y los jueces programaron el veredicto para el próximo martes, 6 de diciembre.
