El Gobierno nacional denunció a los implicados del vuelo privado a Lago Escondido por «incumplimiento de los deberes de Funcionario Público y Dádivas». Entre los acusados de recibir dádivas y que prestan servicios al Estado se encuentran el actual ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’alessandro, cuatro jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y el actual fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.
«Por instrucción del presidente, Alberto Fernández, el ministro de Justicia, Martín Soria denunció a los Jueces Federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros implicados en el vuelo a Lago Escondido por incumplimiento de los deberes de Funcionario Público y Dádivas», comentó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti en su cuenta de Twitter.
El documento de la denuncia sostiene que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fuera solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas». Se cree que los gastos fueron financiados por el Grupo Clarín y el magnate inglés, Joe Lewis que es dueño de la propiedad y terreno en Lago Escondido, Río Negro.
Desde el Gobierno nacional creen que hubo dádivas a jueces y fiscales
Soria afirma en la denuncia que recibir dádivas no es solamente algo poco ético, sino que es esencialmente un «incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”. Además, exige que la Justicia investigue y haga una pericia de todos los celulares de los implicados, incluyendo a los que supuestamente ofrecieron las dádivas: Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la SIDE y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
El objetivo de la denuncia es para «preservar la independencia del Poder Judicial”. Por otra parte, Soria exige que el Estado nacional sea querellante. Además, culpa al Consejo de la Magistratura por la falta de reacción ante hechos similares que «reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”.
