El Gobierno nacional le concedió asilo diplomático a una exfuncionaria de Ecuador condenada por hechos de corrupción. Se trata de María de los Ángeles Duarte Pesantes, a quien sentenciaron a ocho años de prisión por hechos de corrupción bajo el gobierno de Rafael Correa. La administración de Alberto Fernández radicó su decisión, en parte, porque la mujer se encuentra junto a su hijo, que es menor de edad y de padre argentino.
Desde el 12 de agosto de 2020, Duarte Pesantes está alojada en la Residencia Oficial Argentina en Quito como huésped por razones humanitarias. En este sentido, la Cancillería envió el pasado jueves una notificación a la Embajada de Ecuador en Buenos Aires para notificar la resolución dictada que habilita el derecho, en la que advierte que el Relator Especial de la ONU “ha expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y a otras garantías judiciales”.
Duarte Pesantes se desempeñó como ministra del área de Transporte y Obras Públicas, y también de Vivienda, bajo la gestión de Correa. En abril de 2020, la procesaron y condenaron a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el marco del caso caratulado como “Sobornos”. En ese mismo expediente también resultó condenado el expresidente ecuatoriano Correa.
Se investigan supuestos actos de corrupción y financiamiento ilegal del movimiento “Alianza PAIS” entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 por parte de multinacionales. A pesar de la preocupación de la administración de Lenín Moreno y de los cuestionamientos de Guillermo Lasso, la ecuatoriana con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, comenzará a gozar del beneficio del asilo.
Tanto Bélgica como México cursan casos similares. Sin ir más lejos, el propio Correa reside en Bruselas desde 2017, también con asilo político. En tanto, son siete los exfuncionarios de su gestión refugiados en México, a saber: los secretarios de Comunicación, Fernando Alvarado, y Administración, Galo Mora; las asambleístas Viviana Bonilla, Gabriela Rivadeneira y Soledad Buendía; el canciller Ricardo Patiño; y Edwin Jarrín, miembro del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador.
Desde la Casa Rosada aseguraron que la Argentina “procede con apego al Derecho internacional y su disposición a recurrir a los medios de solución de controversias disponibles en ese orden jurídico”, y además, “manifiesta su voluntad de preservar el excelente nivel de las relaciones bilaterales con la República de Ecuador”, según recopiló NA.
El asilo se otorgó en base a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, y de acuerdo a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Éstos adhirieron el 28 de marzo de 1954, salvo Perú (lo hizo el 22 de enero de 1960) y entró en vigencia el 29 de diciembre de 1954.
