Los representantes del Gobierno de Colombia y de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) culminaron el lunes en Venezuela su primer ciclo de diálogos y la próxima ronda será a inicios del 2023 en México, país que pidió la invitación para ser parte de los garantes del proceso.
Las partes reanudaron sus negociaciones el pasado 21 de noviembre en Caracas con la intención de acabar con el conflicto armado de casi seis décadas, que ha dejado al menos 450.000 muertos entre 1985 y 2018. En el proceso de diálogo, los garantes oficiales son Noruega, Cuba y Venezuela. Se acordó que se invitarán a Brasil, Chile y México para que cumplan esa misma función.
El embajador mexicano en Caracas, Leopoldo De Gyves, anunció en el acto de cierre del primer ciclo de negociaciones, en un hotel en Caracas, que su país pidió la invitación para ser garante y «sede de la siguiente ronda de negociación que se llevará a cabo en enero del 2023». El diplomático dijo que en los próximos días el Gobierno mexicano mantendrá contacto con las partes.
El jefe de la delegación del grupo insurgente, Pablo Beltrán, dijo que trabajan con la idea de reanudar los diálogos en el primer trimestre del 2023 y que «no le correspondía a esa delegación en la mesa decidir sobre un cese al fuego». Colombia y el ELN también anunciaron previamente que invitarían a Alemania, Suecia, Suiza y España como acompañantes, informó Reuters.
En un comunicado conjunto, el Gobierno de Colombia y el ELN aseguraron que llegaron a cuatro puntos de acuerdo. Entre ellos, se afirman «la grave situación de violencia», por lo que suscribieron «un acuerdo parcial de atención de emergencias a partir de enero de 2023» en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, en la costa del Pacífico, pero no dieron más detalles.
El ELN, que tiene unos 2.400 combatientes, inició una negociación de paz en Ecuador en 2017 durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Pero su sucesor Iván Duque no la continuó debido a que el grupo rebelde no exige exigencias como la suspensión de hostilidades, a lo que se sumó un ataque en 2019 con un carro bomba a una academia policial en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos.