El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en un primer momento que no acataría el fallo de la Corte Suprema de Justicia para pagarle 2,9 puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Ante esto, la Unión Cívica Radical (UCR), realizó un pedido de juicio político al mandatario. Hoy el jefe de Estado cambió su postura y afirmó que le pagará a Horacio Rodríguez Larreta con bonos.
A raíz de esto, el radicalismo también anunció que pondrá marcha atrás al pedido realizado. Según informó NA, la bancada que encabeza Mario Negri no avanzará con el proyecto porque «el presidente anunció que pagará parte de la sentencia con bonos a CABA y cumplirá así parcialmente con el fallo de la Corte Suprema«, lo que no amerita que lo destituyan de su cargo.
La UCR no, pero José Luis Espert sí
Previo al anuncio de Fernández, el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert presentó un proyecto similar. Alegando «desacato y desobediencia» el economista pidió que se realice un juicio político en contra del mandatario y, hasta ahora, no puso marcha atrás a diferencia de la UCR.
«El presidente Alberto Fernández, apoyado por los gobernadores, decidieron y le comunicaron a la población que no se iba a acatar dicho fallo y así es como se perpetra un nuevo golpe al sistema constitucional y democrático, porque ahora, los integrantes del partido gobernante con posiciones relevantes de poder en los destinos de la República no solo desconocen los derechos de los partidos opositores, sino que también desconocen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», explicó en el proyecto de resolución.
Además, Espert indicó que «dichos desconocimientos en los hechos se traducen en la asunción arrogante de facto el poder total sobre los destinos del país, debido a que no reconocen a los demás estamentos de poder diseñados por la Constitución para limitar el poder de las mayorías momentáneas», afirmó el dirigente liberal sobre la postura del jefe de Estado.
A raíz de esto, llegó a la conclusión de que «el presidente merece la destitución por lo que ya hicieron en la pandemia, y por lo que están haciendo ahora al sistema democrático. El desconocimiento de este fallo configura un delito contra la Constitución, en el artículo 36, arrogarse la suma del poder público. Al presidente se lo puede catalogar como un delincuente contra la Constitución», concluyó.
