Organizaciones de Derechos Humanos piden audiencia con la Corte Suprema: “La democracia está en riesgo” POLÍTICA El Intransigente

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Organizaciones de Derechos Humanos piden audiencia con la Corte Suprema: “La democracia está en riesgo”

Tras el viaje de funcionarios, jueces y empresarios de medios a Lago Escondido y por la condena a Cristina Kirchner.

Organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) reclamaron este martes una “investigación completa” del viaje de magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación a Lago Escondido en octubre pasado. Las organizaciones pidieron que el Consejo de la Magistratura analice si el hecho constituye un delito de dádivas y anunciaron que solicitarán una audiencia a la Corte Suprema de Justicia.

En una conferencia de prensa en la ex ESMA por el Día Internacional de los DDHH, los organismos advirtieron que “la democracia está en riesgo”. Ante ello, le pidieron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la “remoción” del ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y del procurador de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, involucrados en ese viaje que es investigado por la Justicia Federal de Bariloche.

Esos requerimientos se formularon en el marco de la rueda de prensa donde se dio lectura a un documento al que adhirieron más de 40 organizaciones de DDHH de todo el país. Allí estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, e integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y representantes de otros organismos.

“Los organismos de DDHH vamos a solicitar una audiencia a la Corte Suprema de Justicia. Exigimos la completa investigación del viaje a Lago Escondido. Apoyamos e instamos a realizar las denuncias pertinentes ante el Consejo de la Magistratura, y consideramos que debe haber un juicio académico a Julián Ercolini. Solicitamos además a Rodríguez Larreta la remoción de los funcionarios intervinientes en el hecho”, señalaron en el documento.

En ese sentido, se recordó que fueron las organizaciones de derechos humanos las que lograron que la Corte “retrocediera” con la aplicación del criterio del “dos por uno” para facilitar la excarcelación de los condenados por delitos de lesa humanidad. “Contamos con la movilización popular para derrotar el lawfare y, de esta forma, terminar con la persecución a la compañera (vicepresidenta) Cristina (Kirchner), y a la sociedad toda”, remarcaron.

Antes de la lectura, Pietragalla Corti sostuvo: “Estamos en un contexto donde tenemos que reflexionar” y que “nos pone en alerta”. Seguidamente, la lectura del documento estuvo a cargo de la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ‘Taty’ Almeida, y Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de la entidad.

También acompañaron la lectura el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano desde una mesa montada en el predio, donde podía leerse la consigna “Si hay lawfare, no hay democracia”. Allí también podía observarse un cartel en el que se reclamaba la libertad para la detenida dirigente social jujeña -referente de la agrupación Túpac Amaru- Milagro Sala.

“En los últimos tiempos estamos viviendo momentos que nos llenan de temor. Hace pocas semanas toda la sociedad vio en primer plano cómo se intentó asesinar a nuestra vicepresidenta Cristina Kirchner”, expresaron en el texto en referencia al intento de magnicidio que tuvo lugar el 1 de septiembre pasado. Ante este hecho de violencia política, denunciaron que “el sector más cuestionado de la justicia federal eligió sesgar la investigación y no profundizar las pistas”.

“Ahora, a través de un fallo vergonzoso, desde el mismo sector judicial se intenta proscribir a Cristina Kirchner”, advirtieron en referencia la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la Vicepresidenta por parte del Tribunal Oral Federal 2 en el juicio de la Causa Vialidad que concluyó el pasado 6 de diciembre.

“Cuando la condena penal se dicta sin pruebas sobre los hechos de corrupción imputados, con jueces parciales, fiscales que desconocen el principio de inocencia, se trata de una condena ilegítima”, puntualizaron en el documento elaborado. Asimismo, alertaron: “Nuestra democracia está en riesgo”, y llamaron a la sociedad a “tomar conciencia de lo peligroso que puede ser un Poder Judicial que se para por arriba de la voluntad popular”.

“Sin Justicia, no hay democracia; sin democracia, no hay derechos humanos”, concluye el documento. Sobre el final de la rueda de prensa, Pérez Esquivel advirtió que “la fragilidad democrática está en riesgo en el país y en todo el continente” y llamó a “fortalecer la democracia” desde todos los sectores sociales.

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