El Congreso de Perú proclamó este miércoles a Dina Boluarte como nueva presidenta de ese país, luego de la destitución de Pedro Castillo por el intento de disolver el Parlamento, lo que se consideró como un intento de autogolpe de Estado. Abogada de 60 años con ideas de izquierda pero sin militancia en partidos, Boluarte se convirtió así en la primera mujer en ocupar el cargo.
El nombre de Dina Boluarte, vicepresidenta electa en julio de 2021, hasta hace pocos meses era poco conocido por la mayoría de sus compatriotas. Aún hoy se sabe poco de su vida privada. Nació en el empobrecido departamento andino de Apurímac, en el sur peruano, y proviene de clases populares, como Castillo, según un cable de la agencia Télam.
Boluarte nació en Chalhuanca, una ciudad de menos de 30.000 habitantes a casi 3.000 metros de altura, y se tituló de abogada en la universidad privada San Martín de Porres, en Lima, donde también siguió estudios de posgrado. Después de que Castillo pretendiera cerrar el Congreso, Boluarte marcó distancias con su exaliado: “Es un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional”, dijo.
Durante muchos años, la flamante mandataria ejerció un cargo modesto en el Estado: gerente de una seccional menor en Lima del ente encargado de entregar documentos de identidad. En 2018, tuvo su primera participación en política, al postularse para alcaldesa de un distrito limeño de clase media, Surquillo, donde reside. Apenas obtuvo un 2,8 % de votos, a nombre de Perú Libre, ya que no tenía partido propio.
Fue así que comenzó una relación con ese colectivo del que la expulsaron el año pasado, ya como vicepresidenta, por criticar públicamente a su jefe, Vladimir Cerrón. Antes, en 2020, había sido candidata a congresista por Perú Libre, pero con una mínima votación. Aun así, Cerrón la seleccionó para conformar con Castillo la fórmula presidencial que, contra todo pronóstico, resultó ganadora.
Boluarte fue ministra de Inclusión Social desde la asunción de Castillo hasta el mes pasado. A diferencia de la mayoría de los funcionarios de Castillo, no quedó ligada a escándalos ni sembró sospechas de corrupción. No obstante, la oposición parlamentaria la tuvo en su mira y pretendió destituirla por haber seguido figurando como presidenta de un club privado -Apurímac, integrado por sus paisanos en Lima-, a pesar de que por ley eso es incompatible con ser ministra.
Sin embargo, esta semana el Congreso archivó el caso por considerar que no hubo incompatibilidades y de paso dejó sin efecto otra denuncia que sin mayores fundamentos se le había hecho por supuesto nepotismo. Muy discreta en sus participaciones y recelosa de su ámbito privado, la nueva presidenta ya se había hecho un nombre en el escenario político, aunque para los grandes sectores de la población seguía en un virtual anonimato.
