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POLÍTICA

Revés para el Frente de Todos: la Justicia rechazó tratar la legitimidad de los consejeros de la Magistratura

La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido del Frente de Todos para definir la legitimidad de los senadores opositores en la Magistratura.

Frente de Todos

Frente a los conflictos que hay dentro del Consejo de la Magistratura para definir cuantos lugares le toca al oficialismo y cuantos a la oposición, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia. En el Frente de Todos elevaron un pedido para discutir acerca de la legitimidad de los consejeros de Juntos por el Cambio, aunque Horacio Rosatti, titular del máximo tribunal, lo rechazó.

«No corresponde acceder a lo peticionado«, afirmó el juez que citó al artículo 72 del Reglamento para la Justicia Nacional para justificarlo. El mismo señala que «cuando los litigantes y profesionales soliciten audiencia con alguno de los jueces del Tribunal, ella tendrá lugar siempre que dichas personas obtengan la presencia de la contraparte o de su letrado en la causa contenciosa de que se trate», según Télam.

Cabe recordar que el número de representantes en el Consejo de la Magistratura fue elevado a 20 aunque se necesitan 13 personas para comenzar con la actividad de manera efectiva. A día de hoy hay 12 confirmados, no pueden suspender a un fiscal o juez de su cargo hasta que no se consigan los dos tercios del cuerpo del órgano judicial.

La reacción del Frente de Todos

Frente a esta decisión, en el Frente de Todos arremetieron contra la Corte Suprema de Justicia vía Twitter. La senadora Juliana Di Tullio denunció que «la Corte Suprema de Rosatti va a decidir sobre nuestras decisiones violando la independencia del Poder legislativo. Esas decisiones van a afectar a terceros, contrariamente a lo que falló esa misma Corte hace un año, pero se niega a recibirnos».

También el jefe de bancada en Diputados, Germán Martínez, denunció que «el Supremo Rosatti. Declaró inconstitucional una ley del Consejo de la Magistratura, que llevaba 15 años. Emplazó al Congreso. Repuso una ley derogada. Invadió competencias legislativas. Paralizó al Consejo. Y no concede una audiencia. ¿Calidad institucional? Bien gracias».