Tras idas y vueltas, la UCR presentó el pedido de juicio político contra Alberto Fernández POLÍTICA El Intransigente

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Tras idas y vueltas, la UCR presentó el pedido de juicio político contra Alberto Fernández

Desde la UCR presentaron el pedido de juicio político contra Alberto Fernández a pesar de que acató a la Corte SUprema.

El caso del giro de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires generó mucha repercusión en el arco político. Alberto Fernández rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, que recibirá 2,9 puntos de presupuesto. Ante esto, la Unión Cívica Radical (UCR) iba a dar marcha atrás con el juicio político contra el mandatario. De todos modos, avanzaron con ello.

El bloque radical de la Cámara de Diputados, encabezado por Mario Negri, presentó el proyecto de resolución pidiendo el enjuiciamiento del jefe de Estado. Cabe remarcar que el titular del Poder Ejecutivo había dicho que le era «imposible de cumplir» el fallo del máximo tribunal. También, sostuvieron que esto afectaría a otras provincias del país a las cuales les debería girar menos dinero.

El proyecto de la UCR

El único articuló de la iniciativa de la UCR pide «promover juicio político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional», según difundió NA.

Dentro de sus argumentos, los 33 legisladores radicales afirman que realizar este giro de dinero por medio de bonos es «un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia al fallo de la Corte convenida previamente entre el Presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales».

Por último, señalaron que «como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas».

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