El presidente Alberto Fernández instruyó al ministro de Justicia Martín Soria para iniciar otra denuncia penal. En menos de una semana, el jefe de Estado impulsó el juicio contra la Corte Suprema y, este viernes, solicitó que se realice una denuncia contra el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Los motivos se sustentan en los supuestos chats filtrados del funcionario (actualmente, en licencia), en donde se revelan conversaciones con el vocero del presidente del máximo tribunal.
«Por instrucción del presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la justicia nacional para que se investigue al ministro de Seguridad y justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro. Se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros», dice el comunicado oficial.
El ministro no es el único que está en la mira del mandatario Alberto Fernández. «Los hechos a ser investigados involucran además a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani», cierra el breve escrito.
En una versión más extensa del comunicado, el Gobierno nacional realiza especificaciones sobre los supuestos delitos de D’Alessandro. Además de los señalados, el Ministerio de Justicia mencionó que se lo investigará por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y exacciones ilegales, en los términos de los artículos 248, 256, 260, 261, 265, 266 y 268 del Código Penal.
Acusaciones a la Ciudad, la Justicia y a un empresario
El escrito presentado plantea que de confirmarse la veracidad de los chats demostrarían una «connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de CABA con altos funcionarios judiciales». También, estarían involucrados ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos.
Asimismo, añade que la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y el empresario Marcelo Violante. Por eso, el Frente de Todos pidió que se realice una Comisión investigadora para evaluar las contrataciones entre el Gobierno porteño y las empresas de Violante. Una de las empresas, Dakota S.A., estaría involucrada en gestiones ilegales
“La empresa Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”, especifica el texto.
