Este lunes, fuerzas de la policía del Brasil empezaron a desmantelar el campamento instalado por los seguodores del expresidente Jair Bolsonaro frente al cuartel general del Ejército, tras una orden emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes.
De Moraes prohibió, además, la entrada de camiones o autobuses con manifestantes en el Distrito Federal de Brasil. También ordenó la liberación todas las rutas, los edificios públicos estatales y federales en todo el territorio del país. El domingo, miles de bolsonaristas invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y la corte suprema, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno electo que asumió sus funciones el 1 de enero, informó Télam.
Los asaltantes violentaron las barricadas de seguridad, rompieron puertas y ventanas y ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto, sede del poder ejecutivo. Por la noche, la policía consiguió retomar el control de los edificios. Al menos 400 personas fueron detenidas, según la Policía Civil del Distrito Federal.
El juez ordenó, además, la destitución del gobernador de Brasilia por 90 días por presuntas fallas de seguridad. También ordenó a las plataformas de redes sociales Facebook, Twitter y TikTok que bloquearan las cuentas de los usuarios que difundieran propaganda antidemocrática, informó Reuters.
Desde Florida, donde Bolsonaro voló 48 horas antes de que terminara su mandato, rechazó la acusación. A través de Twitter, expresó que las manifestaciones pacíficas eran democráticas pero que la invasión de edificios gubernamentales «cruza la línea».
En la tarde del domingo, cuando los manifestantes comenzaban a llegar a la explanada de Brasilia, en lugar de ser contenidos, fueron escoltados por carros de la Policía Militar con luces intermitentes. La policía antidisturbios solo llegó al lugar dos horas después de que comenzaran las invasiones.