Ya es un hecho. Diez gobernadores provinciales firmaron el documento impulsado por el presidente Alberto Fernández para iniciar juicio político contra la cúpula de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, ya se activó la cuenta regresiva en la Cámara de Diputados, donde una comisión ad hoc comenzaría a trabajar durante el período de sesiones extraordinarias.
El resultado del proceso es incierto. Es que el Frente de Todos (FdT) carece de las mayorías calificadas necesarias en ambas cámaras para desplazar a los magistrados. De todos modos, el espacio cuenta con la ventaja inicial de que en la Comisión de Juicio Político presidida por la diputada albertista Carolina Gaillard hay 16 integrantes del oficialismo sobre un total de 31, lo que le garantiza la mayoría simple para sentar en el banquillo a los cuatro magistrados, según NA.
El accionar de los cortesanos quedó en el ojo de la tormenta en los últimos días por comprometedores chats que se filtraron, los cuales tienen como protagonista a Silvio Robles, el vocero y director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Con ese número, el FdT podrá abrir un sumario e iniciar la acusación formal por mal desempeño en sus funciones (Art. 53 de la Constitución Nacional) contra Rosatti y sus tres compañeros: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti.
Los pasos a seguir por la Cámara de Diputados
A esa primera etapa preliminar le sigue una “etapa informativa sustanciando el sumario con medidas de pruebas, informes, citación a testigos, careos, derecho de defensa de los acusados”, detalló el diputado oficialista Marcelo Casaretto sobre esta fase vinculada a la investigación de los hechos. En la misma, la estrategia del oficialismo será dejar al desnudo cada uno de los accionares irregulares que le imputan a los jueces del máximo tribunal.
Por ejemplo, la presunta complicidad con el Gobierno porteño expuesta en el llamado “fallo Robles” que favorece “arbitrariamente” a la Ciudad en el conflicto por la coparticipación de recursos federales, o también en la injerencia de la Corte en la conformación del Consejo de la Magistratura, arbitrando otra vez a favor de la alianza Juntos por el Cambio (JxC) en detrimento del FdT.
El oficialismo espera sustanciar con elementos de prueba su postura y, así, lograr que no solamente sean los 116 diputados propios quienes acompañen el dictamen. De todos modos, para aprobar la formación de la causa necesitaría de una utópica mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes en el recinto durante la votación. Si la iniciativa quedara rechazada en el pleno de la Cámara, podrá retomarse ya que no perderá estado parlamentario por tres períodos, es decir, hasta el 30 de noviembre del 2025.
Qué ocurre si se aprueba el dictamen
Pero si Diputados aprobara el dictamen, el siguiente paso se daría en el Senado, donde uno o dos integrantes de la Cámara baja deberían presentar la acusación. En el Senado también se requiere de una mayoría de dos tercios, en este caso para declarar culpables a los jueces de la Corte y, en efecto, desafectarlos del máximo tribunal, inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos.
Entre “los hechos de mal desempeño” por los que se los acusa, Casaretto mencionó “las declaraciones que buscan condicionar el ejercicio de sus potestades por parte de los otros poderes políticos del Gobierno Federal; los atropellos en el Consejo de la Magistratura; y la vinculación de Rosatti con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El legislador nacional del FdT añadió a su vez “el asalto al Consejo de la Magistratura; la Acordada Nº 34/2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la causa sobre la coparticipación; y respecto de Horacio Rosatti, los vínculos de su principal colaborador con funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fallo sobre la coparticipación”.
Quiénes son los 31 miembros de la Comisión de Juicio Político
El oficialismo controla la mayoría de esta comisión clave con 16 miembros propios y además cuenta con la presidencia a manos de Gaillard, diputada entrerriana que responde al gobernador Gustavo Bordet. Éste participó virtualmente de la reunión del Presidente con gobernadores, pero se abstuvo de firmar el documento en el que solicitan formalmente a Diputados que inicie el juicio político.
A diferencia del juego ambiguo de su gobernador, quien prefiere no asumir riesgos, Gaillard sí impulsa el juicio político y la destitución de Rosatti y compañía. En dicha Comisión hay otros pesos pesados en temas judiciales: Leopoldo Moreau, quien preside la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia; y uno de los alfiles judiciales K, como Rodolfo Tailhade.
Está también allí la kirchnerista Vanesa Siley, secretaria general del de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y reelecta recientemente como consejera de la Magistratura. Germán Martínez (jefe bloque FdT), Marcos Cleri, Hugo Yasky, José Luis Gioja y Leonardo Grosso son otros que integran la comisión por el oficialismo, entre otros.
JxC está representado en la comisión de Juicio Político por 14 miembros. Entre ellos, figuran el vicepresidente Juan Manuel López (Coalición Cívica), y los secretarios Mario Negri (jefe bloque UCR), Omar de Marchi (PRO, vicepresidente de la Cámara) y Álvaro González (PRO, integrante del Consejo de la Magistratura, cercano a Horacio Rodríguez Larreta).
La Cámara de Diputados, paralizada
Por el momento, la Cámara de Diputados está paralizada, con la mayoría de los legisladores de vacaciones y sin señales de pronta reactivación, más allá de que la solicitud de juicio político por parte del presidente reavivó los grupos de chats de diputados y asesores para empezar a tejer estrategias. En este contexto, se espera que se convoque a sesiones extraordinarias en febrero, y se especula con que se incluirá en el temario el Juicio Político.
Será claramente una apuesta de riesgo, dado que esa iniciativa contra los cortesanos podría repeler a JxC, y obturar así la posibilidad de que la principal alianza opositora colabore con la agenda económica que impulsa el ministro Sergio Massa: una nueva moratoria jubilatoria, un blanqueo de capitales, aumentos de algunos impuestos para financiar el adicional de coparticipación que la Corte le concedió a la Ciudad, y una reforma a la ley de lavado de activos.