El pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia por parte del Gobierno, ingresó formalmente al Congreso de la Nación. El Frente de Todos busca impulsar un enjuiciamiento a los miembros del máximo tribunal y ya dio el primer paso. Con un total de 410 páginas, el oficialismo presentó pruebas para el proceso y pidió que los magistrados sean citados.
El Gobierno nacional dio el primer paso en el juicio político contra los jueces del tribunal supremo. Este viernes ingresó al palacio legislativo el proyecto firmado por Alberto Fernández y gobernadores afines a la actual administración. Gran parte de la documentación cuenta con el respaldo para justificar el enjuiciamiento a los magistrados de la Corte.
Las pruebas son los fallos de la Corte para declarar aplicable el cómputo conocido como «2×1» para un represor; para modificar el Consejo de la Magistratura; en la disputa por fondos de coparticipación entre la Ciudad y la Nación; «incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN); declaraciones de Rosatti que «buscan condicionar la actuación del Poder Legislativo», según informó NA.
Entre las páginas enviadas desde Casa Rosada se solicita que los cuatro miembros de la Corte Suprema sean citados y participen de la Comisión de Juicio Político. Los apuntados por el Ejecutivo son: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Se estima que los legisladores serán citados en la semana del 25 de enero para la sesión extraordinaria.
Los diputados del Frente de Todos dejaron en claro para qué sirve el enjuiciamiento en este tipo de casos: «El juicio político es un instrumento de la más alta jerarquía que la Constitución contempla para destituir funcionarios públicos por el mal desempeño de sus cargos. Sin buen desempeño no puede existir eficazmente la regularidad instituida por la Carta Magna de todos y todas las argentinas», concluyeron.
