La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió en las últimas horas un fuerte comunicado sobre la muerte de Alberto Nisman. Es en la previa del octavo aniversario del hallazgo del cuerpo del exfiscal en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero. De esta manera, la entidad judía cuestionó justamente que se cumplen “ocho años de impunidad” en la causa que investiga el deceso de Nisman.
“Alberto Nisman fue un fiscal de la República Argentina. Fue el fiscal que investigó el peor atentado terrorista que tuvo nuestro país. Alberto Nisman no se suicidó”, señaló el presidente de la Daian, Jorge Knoblovits. A través de un video en redes sociales, la entidad se quejó de que este miércoles se cumplirán “ocho años de impunidad, ocho años exigiendo el esclarecimiento de su asesinato, ocho años exigiendo justicia”.
“Una hoja más en blanco, como en blanco están las investigaciones de los atentados a la Embajada de Israel y a las sedes de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina)-DAIA”, añadió la organización comunitaria en referencia a los atentados terroristas que marcaron la década del ’90 en la Argentina. Seguidamente, la DAIA concluyó con una cita del Tanaj hebreo: “Justicia, justicia perseguirás”.
Ocho años sin Alberto Nisman
A Alberto Nisman lo hallaron sin vida en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. Fue horas antes de tener que presentarse en el Congreso de la Nación para dar detalles sobre su denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner –actual vicepresidenta– por un presunto pacto con Irán para no avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA.
El entonces fiscal también había incriminado al canciller de turno, el extinto Héctor Timerman y a otros funcionarios y dirigentes cercanos al kirchnerismo. Con el correr de los años, la muerte de Nisman se convirtió en uno de los hechos que mayor conmoción generó en el mundo político y judicial en la última década en el país. Y a ocho años, sigue sin haber una resolución sobre si se trató de un suicidio o un asesinato.
La denuncia, la muerte y los vaivenes en la Justicia
La denuncia de Nisman apuntaba contra el Memorándum de Entendimiento con Irán promovido por la Argentina y aprobado por el Congreso. El fiscal afirmó que detrás había un pacto para que cesaran las alertas rojas contra los iraníes acusados. En tanto, el sábado 17 de enero, un día antes de su aparición sin vida, Nisman recibió 40 llamadas telefónicas de las entonces diputadas nacionales del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes habían cursado la invitación al fiscal para que diera detalles en el Parlamento sobre su denuncia.
Ese mismo día por la tarde, Nisman había recibido en su casa al técnico informático Diego Lagomarsino, titular de la pistola Bersa calibre 22 que efectuó el disparo mortal en la cabeza del fiscal, según constató la investigación, consignó NA. Lagomarsino aseguró que Nisman le había pedido el arma prestada por seguridad, dado que temía por su vida y, principalmente, por la de sus hijas, y no confiaba en su custodia, según el relato del técnico informático.
A partir del hallazgo del cuerpo y en medio de la agitación política por el hecho, se abrieron las hipótesis del suicidio -voluntario o inducido- y la del asesinato político, sostenida entre otros por la exesposa de Nisman y jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. El hecho se investigó inicialmente como “muerte dudosa” y la causa quedó a cargo de la fiscal Viviana Fein, quien el 24 de enero informó que “el disparo fue a una distancia no mayor a un centímetro” y que “no se infiere la participación de terceras personas”.
En mayo de 2015, una junta de 13 peritos del Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal (PFA) presentó la pericia médica sobre el cuerpo de Nisman, de la que también participaron Osvaldo Raffo y el legista Julio Ravioli como peritos de la parte querellante (Arroyo Salgado) pero se negaron a firmar. El informe señaló que la muerte fue “menor a 24 horas” en un sentido “amplio”, y “entre 14 o 24 horas” en un sentido “acotado”, desde la realización de la autopsia, y que el disparo se efectuó dos centímetros arriba de la oreja.
“Ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médico-legales del informe técnico elaborado por la querella, en forma individual o en conjunto, indican con certeza pericial médico legal que se haya tratado de un hecho homicida”, agregó el informe pericial. A su vez, dictaminó que en su muerte no había habido participación de “terceras personas”, pese a que en las manos del cuerpo sin vida de Nisman no habían encontrado restos de pólvora.
Sobre diciembre de 2015, la jueza en lo Penal Fabiana Palmaghini pasó de supervisar la investigación a asumirla plenamente y apartó a Fein de la función. En marzo de 2016 –iniciado el gobierno de Mauricio Macri– Palmaghini se declaró incompetente después de tomarle declaración al exhombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia Jaime Stiuso (que trabajaba con Nisman en la causa AMIA) y pasó la causa al fuero federal, como en su momento había reclamado Arroyo Salgado.
Tras un rechazo inicial de esos tribunales, la Corte Suprema de Justicia resolvió en septiembre de 2016 que el caso se investigara en la Justicia Federal y la causa quedó en manos del juez Julián Ercolini. En abril de 2017, el fiscal Eduardo Taiano dispuso realizar nuevamente las pericias médica y técnica (sobre los dispositivos electrónicos) y encargó la tarea a la Gendarmería Nacional.
En septiembre de 2017 se presentó el informe en el cual Gendarmería señaló que había rastros de ketamina en el cuerpo de Nisman y que por al menos dos personas situadas en el baño del departamento lo habrían ejecutado. El fuerte contraste entre la pericia de Gendarmería y la del Cuerpo Médico Forense y la PFA agigantó la polémica, enfocada desde la política partidaria, y profundizó la incertidumbre ante la pregunta más importante: si se mató o lo mataron.