El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio sostuvo este jueves que el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia es “infame”. A través de un comunicado difundido en las redes sociales, los legisladores opositores apuntaron contra la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores oficialistas. La misma apunta a “horadar la independencia de la Justicia”, consideraron.
Los argumentos el Gobierno nacional
El jefe de Estado firmó junto a 10 mandatarios provinciales un documento en el que anuncian que procederán a iniciar juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el resto de los magistrados del supremo tribunal por mal desempeño en sus funciones. Fundan la iniciativa en una serie de acciones presuntamente ilícitas perpetradas por la Corte que atacarían la división de poderes, avasallando las competencias del Poder Legislativo.
Al máximo tribunal le cuestionan dos hechos, aún más evidenciados con la filtración de chats comprometedores que tienen como protagonista a Silvio Robles, el vocero de Rosatti. Uno es la injerencia en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por el Poder Legislativo, favoreciendo a Juntos por el Cambio en detrimento del Frente de Todos; y el otro, la decisión “arbitraria” de beneficiar al Gobierno porteño en torno a la coparticipación, perjudicando a las provincias.
Qué sostienen los senadores de Juntos por el Cambio
Ante ello, el interbloque liderado por Alfredo Cornejo adelantó que “ningún acuerdo será posible en el Congreso de la Nación si antes no se respeta, en los hechos, la plena vigencia de la Constitución Nacional”. “Mediante la utilización de supuestos chats robados por medio de espionaje ilegal, distintos funcionarios del oficialismo, encabezados una vez más por el Presidente de la Nación, pretenden utilizarlos como ciertos y válidos para atacar periodistas y dirigentes de la oposición”, lamentaron los opositores.
Para Juntos por el Cambio, la solicitud de juicio político es “un nuevo hecho destinado a intentar horadar la independencia del Poder Judicial de la Nación presionando a los miembros de la CSJN y demás funcionarios y magistrados”. “Esta conducta del Presidente, se suma a su anterior anuncio público de que no cumpliría el fallo de la CSJN en materia de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de hecho continúa sin cumplir, y en consecuencia, no ha tomado ni él ni ninguno de los funcionarios responsables del cumplimiento, medida alguna en tal sentido”, denunciaron.
También cuestionaron que el ministro de Justicia, Martín Soria, haya “manifestado públicamente que el Poder Ejecutivo podría reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación por medio de un improcedente DNU, sin valorar que la Constitución Nacional requiere una ley especial de mayoría agravada, para lo que se hace imprescindible el consenso político”.
Por otro lado, criticaron que “en este contexto institucional” de crisis política, el flamante jefe de asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, haya “manifestado públicamente que trabajará en conformar una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición por fuera del Congreso de la Nación”. “Ante la gravedad institucional del accionar del Presidente y sus funcionarios, los senadores de Juntos por el Cambio reafirmamos que el Congreso Nacional es el ámbito institucional del diálogo y búsqueda de consensos políticos”, expresaron al respecto.
“Sin embargo, ello no será posible en la medida en que el Poder Ejecutivo de la Nación continúe atacando las normas más básicas de convivencia establecidas en la Constitución Nacional como la Independencia del Poder Judicial de la Nación”, concluyeron. Pese al rechazo opositor, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de este mes e incluirá en el temario el pedido de juicio político a la Corte.
