El Frente de Todos se atreverá a ir más lejos luego de impulsar el juicio político contra la Corte Suprema. Al terminar de definir las cuestiones que presentarán en la Comisión de Juicio Político, la diputada Mara Brawer no descartó usar la fuerza pública si algún juez se niega a participar. De este modo, el oficialismo ejerce más presión contra el Poder Judicial, a pesar de las alertas de la oposición y del organismo de derechos humanos Human Rights Watch.
Acorde especificó NA, el bloque que encabeza Germán Martínez presentará «las pruebas» durante el debate en el Congreso. Brawer «aspira» a que los integrantes del máximo tribunal se hagan presentes para declarar. «Yo espero que no haya que llevar a nadie con la fuerza pública. Esperemos que todos se ajusten a derecho y tengan la oportunidad de presentar sus argumentos de cara a la sociedad argentina», señaló la legisladora nacional en declaraciones al canal IP Noticias.
Sobre el funcionamiento de la comisión de Juicio Político, Brawer detalló: «Nosotros vamos a presentar las pruebas. La comisión va a pedir más pruebas y es importantísimo que se presenten porque cada persona tiene derecho a presentar sus pruebas». «Los supremos, como cualquier ciudadano, tienen que concurrir (a la comisión). Si no concurren, es para pensar que no tienen los argumentos suficientes, es una enorme oportunidad para dar su versión. Aspiramos a que se presenten y lo que ellos no digan o no quieran decir lo dirán otros funcionarios de la Corte», precisó.
Los detalles del procedimiento contra la Corte Suprema
Este viernes ingresó el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema con un total de 410 páginas. Tres cuartos corresponden a documentos respaldatorios del planteo, como el pedido original firmado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores. También se incluyen fallos del máximo tribunal, recortes periodísticos e imágenes de chats filtrados.
Los legisladores acusaron a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti de «mal desempeño». «Dicha causal no se halla definida en la manda constitucional, motivo por el cual debe ser el Congreso de la Nación quien interprete su alcance», detallaron.
Algunos de los hechos que mencionan para fundamentar el proceso de juicio político son los fallos de la Corte para declarar aplicable el cómputo conocido como «2×1» para un represor. Se incluye la modificación del Consejo de la Magistratura, la disputa por fondos de coparticipación entre la Ciudad y la Nación, «incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), entre otras razones.