Frente al Alto Comisionado de la Organización Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos Humanos, Juntos por el Cambio rechazó la carta del Gobierno. Precisamente se trata de una presentación formal que realizaron desde el Frente de Todos en la que critican a la Justicia de nuestro país y, a raíz de ello, explican el pedido de juicio político a los jueces del máximo tribunal.
«Como es de su conocimiento, lamentablemente la Representación Argentina a través del informe y su presentación, ha realizado manifestaciones que nos vemos obligados a desmentir categóricamente», señalaron desde el espacio que lidera Mauricio Macri frente al organismo internacional. Además, cuestionaron las «insólitas críticas a la Justicia argentina, a los sectores económicos, a la oposición democrática, a los medios, a la existencia de una supuesta ‘lawfare’, a la toma de deuda externa argentina y a la mención de una ‘detención arbitraria’ de la condenada señora Milagro Sala».
En este mismo sentido, subrayaron que «este informe y declaraciones efectuadas por el Secretario de Derechos Humanos de nuestro país, Horacio Pietragalla, tienen como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia frente, no sólo con la condena a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno que aún permanecen en prisión con condenas firmes».
También señalaron, según NA, que es «absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación», a modo de defensa de la Justicia.
Por último, en Juntos por el Cambio criticaron que «es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente».
